Los Ángeles.- Una jueza federal en Los Ángeles señaló que designará un supervisor independiente para que evalúe las condiciones en las que se hallan los niños inmigrantes que están detenidos en instalaciones de las autoridades federales en la frontera.
La decisión se debe, dijo la magistrada Dolly Gee, a la no concordancia entre las valoraciones de instalaciones en Texas hechas por los supervisores del Gobierno y las quejas de al menos 200 niños y padres inmigrantes que denunciaron varios problemas en estos locales.
En las denuncias presentadas hace dos semanas los menores aseguraron que padecieron hambre, frío y falta de atención médica, entre otras quejas.
“Es una cosa de humanidad, esos niños deben ser tratados con respeto como lo dicta el Acuerdo Flores”, dijo a Efe Peter Schey, director del Centro para Derechos Humanos, una de las organizaciones que han entablado una demanda contra el Gobierno por el trato que han recibido los menores.
La magistrada es la que estudia el caso del incumplimiento del Acuerdo Flores, que desde 1997 impide que los niños permanezcan encarcelados por largos periodos de tiempo y que la Administración Trump quiere sea modificado.
Uno de los relatos dados a conocer es el de Ruth, una hondureña de 28 años que fue arrestada, junto a su hijo de 7 años, el pasado 4 de junio cuando ingresó al país a través de Hidalgo, Texas.
La madre aseguró que después de tres días de estar detenida fue separada de su pequeño a pesar de que advirtió que su hijo padecía fiebre, ante lo que los oficiales señalaron que “eso no era una enfermedad”.
Las denuncias incluso se dan cuando los inmigrantes han podido ver al médico, como se desprende del testimonio de Lourdes. Cuando esta mujer por fin logró ver a un médico en The South Texas Family Residential Center, en la localidad tejana de Delley, el especialista que vio a su hija de cinco años le dijo que la fiebre no significaba nada.
Un segundo doctor que la atendió ese mismo día solo le recetó medicina para el dolor, y dijo que no podían darle antibióticos. Cuatro días más tarde la niña recibió el tratamiento adecuado.
Las partes tienen hasta el 10 de agosto para acordar la designación del supervisor. Si no logran un consenso, tanto el Gobierno como los demandantes entregarán recomendaciones para que la juez Gee se encargue del nombramiento.
fahl