Todo indica que el asunto de la austeridad trae muy nervioso al Poder Judicial de la Federación, hace unos días el propio presidente de la Suprema Corte (SCJN), Luis María Aguilar Morales, aseguró que las remuneraciones y pensiones de ministros, jueces y del resto del personal garantizan su autonomía e independencia.
Tras los resultados electorales que dieron como ganador a Andrés Manuel López Obrador y con ello a su mensaje de quitar pensiones y reducir salarios, el ministro presidente salió a defender el trabajo del poder judicial, argumentando que la independencia garantiza el equilibrio de los poderes, la defensa de la Constitución frente a las arbitrariedades y un freno ante los atropellos de las mayorías hacia las minorías.
“Repito, las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación, no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible de un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una sociedad más justa”, dijo apenas hace unos días el ministro.
Sin embargo, parece que en la práctica el poder judicial se quiere blindar de esos recortes y prepara una serie de compras y contratos que al menos les garantice que la austeridad no llegará pronto.
Por su parte el equipo de Andrés Manuel López Obrador ya prepara diversas respuestas a la negativa de los ministros para no bajarse los sueldos y mantener al poder judicial fuera de la austeridad.
Esas respuestas nos dicen, son diversas investigaciones que ya tienen en MORENA y que intentan demostrar que ganar un buen salario en el poder judicial no ha significado que se acabe con la corrupción.
Nos aseguran que dentro de las pruebas que sacarán a la luz están diversos mecanismos en donde la opacidad y la falta de controles auditables han provocado que desde el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presidido por el ministro Luis María Aguilar, se den contratos, licitaciones y adjudicaciones “a modo”.
Por ejemplo, se tienen datos de una próxima adjudicación directa de un contrato multianual telefónico de dos mil 800 millones de pesos que se le otorgará a la empresa estadounidense Cisco.
El CJF tratará en agosto de contratar en calidad de urgente un servicio multianual telefónico de la Red Privada Virtual del CJF y ejercer sin licitación, 70 millones de dólares en los dos primeros años y comprometer los dos siguientes por el doble de inversión.
Es de resaltar que lo que han encontrado y que denunciarán en las próximas semanas es que en el poder judicial usa intermediarios entre empresas y el propio CJF. Resulta que para el asunto de las contrataciones tienen a un personaje que no trabaja para el poder judicial de nombre Roberto García, pero que tiene presuntamente la autorización de ministros y de los consejeros de reunirse con todos los que quieran tener un contrato.
De este personaje parece que varios empresarios decidieron grabar diversas conversaciones y documentar la forma y los vínculos en los que opera en el Poder Judicial, de entrada se sabe que este contrato multianual que se le otorgará a CISCO podría venir con el aval de los directores general y de área de Tecnologías de la Información del CJF y del secretario Ejecutivo de Administración.
De demostrarse que este tipo de contrataciones operan en el Poder Judicial podría ser un fuerte golpe, pero todo indica que agosto será un mes clave para observarlo.
Omar Sánchez de Tagle (@osdtagle)