Una jueza federal de Los Ángeles ordenó al gobierno de Estados Unidos hacer cambios inmediatos a la forma en que trata a los niños inmigrantes indocumentados, que ha colocado en instalaciones seguras, y le exigió que se les administre solo con autorización medicamentos psicotrópicos.
Las órdenes del tribunal van desde demandas muy específicas, como obtener un consentimiento informado o una orden judicial antes de administrar medicamentos psicotrópicos a niños en el Centro de Tratamiento Shiloh en Texas, hasta aquellas que requieren que el gobierno deje de imponer condiciones que han provocado meses de retrasos en la entrega de menores a padres o parientes.
Medios de comunicación han difundido sobre los abusos de gran alcance en Shiloh y otras instalaciones descritas por los niños en una declaración jurada en el caso que dio lugar a la orden de la jueza emitida este lunes.
Estos incluyeron casos de niños que fueron medicados por la fuerza, agredidos y retenidos por largos períodos de tiempo, entre otras acusaciones.
En su fallo, la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Dolly Gee, acordó que el gobierno violó los términos de un acuerdo de alto perfil alcanzado en 1997 que dictamina cómo se trata a los niños dentro del sistema administrado por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR).
Gee ordenó al gobierno del presidente Donald Trump que transfiriera de Shiloh a todos los niños, excepto a aquellos que un siquiatra o sicólogo autorizado determine que representan un peligro para ellos o para otros.
También Gee ordenó al gobierno obtener el “consentimiento informado por escrito” de un padre, miembro de la familia o patrocinador, o una orden judicial, antes de darles a los niños las drogas sicotrópicas.
El personal de Shiloh había admitido haber firmado los formularios de consentimiento antes de drogar consistentemente a los niños, anotó Gee en su decisión.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a comentar sobre las órdenes. Los funcionarios de Shiloh, que anteriormente enviaron sus preguntas a la ORR, no pudieron ser contactados el lunes.
El sitio web de Shiloh incluye una declaración, anterior a la orden judicial, de que el centro ha sido visitado, auditado o investigado por ORR, varias agencias estatales de Texas y los consulados de México, Guatemala y El Salvador y que “todas las denuncias ampliamente distribuidas sobre Shiloh se encontraron sin mérito “.
Los funcionarios de ORR han dicho que sus refugios son administrados por organizaciones que cumplen con los estándares de licencias estatales y cuentan con personal que está bien equipado para satisfacer las necesidades de los niños bajo su cuidado.
TFA