El presupuesto del FBI se acerca a los 80 mil millones de pesos, en tanto que el presupuesto aproximado para la reestructurada Secretaría de Seguridad Pública Federal -luego de la reintegración del sistema penitenciario federal- es de aproximadamente 58 mil millones de pesos.
Por supuesto, no son colapsables las funciones de la más antigua de las agencias contributivas de la seguridad y la justicia estadounidense y el modelo que busca integrar Alfonso Durazo, quien encabezará a la reconstituida SSP federal.
Lo inevitable es, en el proyecto prediseñado, sumar competencias y facultades de la actual Comisión Nacional de Seguridad con algunas que detenta la Secretaría de Gobernación, especialmente el sistema de reinserción social federal.
Aunque sólo parcialmente son equiparables las funciones del FBI y la futura SSP, debido a que tampoco las capacidades preventivas y coactivas de la actual CNS, especialmente a través de la Policía Federal, son más relevantes que sus equivalentes en el FBI, me parece sugerente plantear que el volumen de recursos asignables a la probable nueva estructura de la SSP no es ni bajo ni insuficiente per se.
Los resultados de la gestión de los últimos 18 años no son necesariamente resultado del problema de un volumen del presupuesto inadecuado.
¿Cuánto de la ausencia de resultados deriva de la mala administración?; ¿cuánto de la falta de liderazgo?, ¿cuánto de la falta de respaldo de la población a las autoridades?, ¿cuánto del arraigo social de las prácticas delincuenciales?, ¿cuánto de multitud de negligencias simples y complejas que interactúan o debido a un equívoco modelo de la gestión institucional de la seguridad?
Es necesario abordar y resolver muy pronto las respuestas. Preferentemente antes del inicio de la siguiente administración. Los especialistas no difieren centralmente en los diagnósticos.
Los líderes de la siguiente administración buscan iniciar a todo vapor el reordenamiento de la seguridad y deben precisar muy pronto cuánto irá a hacerse, más o menos con la misma magnitud de recursos, dado el hecho de que más de 80% del gasto está comprometido para honorarios, salarios y prestaciones.
En la Policía federal se sabe que no todos son pagos puntuales. Desde hace al menos cinco años con frecuencia algo aparentemente tan sencillo como liquidar el hospedaje de los elementos federales en campo ha sido recurrentemente un problema. Un síntoma.
De frente al inmenso desafío de la seguridad interior y pública, particularmente ante la magnitud de las condiciones que permiten la impunidad y la violencia de organismos delictivos de carácter nacional y global, sí es viable una mejora sustantiva de la política pública de seguridad sin un aumento extraordinario del presupuesto.
No es de extrañar por tanto que urja al virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, contar con el rediseño apropiado, formal y operativo de uno de los principales instrumentos para detener y revertir la inseguridad que se registra en todo el territorio nacional. Ante el récord de homicidios representado por el año 2017 y en el contexto de la opinión pública, la evidencia de que el tema de corrupción y de inseguridad se tocan y son ambos desafíos del nuevo Gobierno aceleraría el comienzo anticipado del diseño institucional.
Es indispensable una administración interna modernizada, simplificada y una revisión de la distribución de gasto de operación, así como una mejor y más amplia gestión extranacional de recursos dedicados a una agenda de seguridad que es de interés de todos. Incluso de la administración del saliente presidente Enrique Peña Nieto.
Veremos si subsiste algún ánimo estratégico que sea evidencia de que esta administración tiene una voluntad de Estado en el ocaso de su existencia sexenal.
@guerrerochipres