El pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México declaró inexistente el Procedimiento Especial Sancionador, por la violencia contra la entonces aspirante a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheimbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, registrados en actos de precampaña en la delegación Coyoacán.
De acuerdo con el resolutivo aprobado por tres votos a favor y dos en contra, aunque se tiene la prueba de que ocurrieron hechos violentos tanto físicos como en materia de política de género, no se acreditan a las personas involucradas, que se decía podrían ser servidores públicos de la delegación Coyoacán y militantes del PRD.
“Si bien los actos de violencia se tienen como hechos acreditados, el conjunto de pruebas aportadas por la autoridad instructora y por la parte denunciante no se desprenden elementos que generen certeza de quiénes fueron los responsables”, se expuso al presentar el caso ante el pleno.
El Proceso Especial Sancionador se inició con motivo de dos quejas que interpuso Morena, mediante las que se impugna el uso indebido de recursos públicos, calumnia, violencia física, violencia política en razón de género.
Lo anterior, con motivo de la irrupción de presuntos servidores públicos y militantes del PRD en tres actos de precampaña de la entonces precandidata a la Jefatura de la Ciudad de México, Claudia Sheinmbaum Pardo, realizados en la delegación Coyoacán.
En el proyecto aprobado se consideran inexistentes las infracciones y por tanto las partes involucradas no son administrativamente responsables. Se expuso que del análisis de acervo probatorio no se acredita que las personas presuntamente involucradas hayan estado en el lugar de los hechos y por tanto que hayan realizado alguna de las conductas denunciadas.
Tampoco se cuenta con elementos de los cuales se pudiera desprender que Ulises Bravo Molina, encargado de despacho de la delegación Coyoacán; José Valentín Maldonado Salgado, jefe delegacional con licencia de la misma demarcación, así como Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado local con licencia, hayan ordenado las conductas denunciadas y, por tanto, puedan ser responsables del uso indebido de recursos públicos.
La magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez consideró que se debió de haber ampliado las diligencias y la investigación sobre estos hechos y pedir colaboración de autoridades administrativas, civiles y jurídicas, pues es un tema importante, ya que un llamado a todos los actores políticos es a que los procesos electorales estén a la altura de la ciudadanía.
“No puede haber violencia, estos asuntos no podemos estarlos resolviendo cada vez que hay un proceso electoral, sea concurrente, federal o local”, concluyó.
NCG