Foto: Reuters/Archivo “El fallo no pudo haber llegado en un momento más importante, cuando esta administración busca militarizar aún más la frontera”  

Un tribunal federal de apelaciones estadounidense, con sede en San Francisco, dictaminó este martes que la familia de un adolescente mexicano asesinado en 2012 en México por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, puede presentar una demanda por daños y perjuicios.

En su decisión, la corte federal de apelaciones del noveno circuito, determinó que la familia de José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, puede demandar tanto al agente que lo ultimó, Lonnie Swartz, como al gobierno de Estados Unidos.

Swartz disparó a Rodríguez 10 veces, a través de la cerca fronteriza que separa a Arizona de la ciudad de Nogales, en el estado mexicano de Sonora, el 10 de octubre de 2012.

La corte rechazó el argumento de inmunidad que presentó el equipo legal del agente por la demanda civil que realizó la madre de la víctima, Araceli Rodríguez, debido a que el menor fue abatido en México.

“Sin advertencia ni provocación, Swartz mató a Rodríguez”, concluyeron los jueces. Añadieron que el agente había violado la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe a las autoridades utilizar la fuerza “objetivamente irracional” para capturar a una persona.

“Es inconcebible que cualquier oficial razonable pudiera haber pensado que él o ella podría matar sin ningún motivo. Por lo tanto, Swartz carece de inmunidad calificada”, añadieron.

La decisión sucedió luego de que el policía fuera absuelto en abril del cargo de asesinato en segundo grado. El agente enfrentará un nuevo juicio en octubre por otros cargos, incluido homicidio involuntario y voluntario.

Asimismo, los abogados del oficial habían intentado que se rechazará la demanda interpuesta por la familia de Rodríguez, lo que provocó la apelación que este martes fue resuelta.

Lee Gelernt, subdirector del proyecto de derechos de los inmigrantes de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), un organismo con sede en Nueva York que representó junto a otros defensores de la familia del joven mexicano, celebró la decisión.

“La corte dejó en claro que la Constitución no se detiene en la frontera y que los agentes no deberían tener inmunidad constitucional para disparar fatalmente a adolescentes mexicanos del otro lado de la cerca fronteriza”, aseveró Gelernt.

“El fallo no pudo haber llegado en un momento más importante, cuando esta administración busca militarizar aún más la frontera”, agregó.

 

NCG