Con un pago de 20 mil pesos, la esposa del edil de Venustiano Carranza, Ilse Lucía B., seguirá su proceso en libertad por los delitos de portación de arma de fuego, de cartuchos y de cargadores de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada de México, determinó este jueves un juez federal.
Según información recabada por el portal e-consulta, este jueves en la mañana, a solicitud del Ministerio Público de la Federación, fue presentada la funcionaria ante el juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Puebla.
En una audiencia, el juez avaló la legalidad de la detención efectuada el martes 7 de agosto durante un cateo en una vivienda de la calle Ortiga, en la localidad de Villa Lázaro Cárdenas, la cual cohabita con su esposo y que en ese momento no se encontraba.
Por la orden 94/2018 emitida por el Juzgado Primero de Distrito Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, realizaron la revisión del inmueble, la cual encabezó la Policía Federal de Investigación y agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Al momento de practicarla, los federales encontraron en un despacho y en una de las recámaras dos armas de fuego calibre .45 auto y .38 súper; así como un total de 69 cartuchos útiles calibre .270 winchester; 32 cartuchos calibre 7.62 x 51 con bala perforante; 14 cartuchos .40 s&w; 3 cartuchos .9 milímetros; 4 del calibre .45 auto; y 4 cartuchos .223 remington.
Además aseguraron un cargador con siete cartuchos útiles para arma calibre .45 auto y tres cargadores para arma calibre .38 súper, uno de ellos abastecido con cinco cartuchos útiles.
Debido a que las armas estaban almacenadas en la casa, determinaron que el hecho encaja con el tipo penal de portación de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada de México, por lo que se ordenó la detención de Ilse Lucía B. y Mónica G., quien presuntamente se desempeñaba como trabajadora doméstica.
Continuará con proceso en libertad
Ambas mujeres continuarán bajo penal por los citados delitos, sin embargo no pisarán la cárcel pues la falta que se les imputó no es considerada como grave en el Código Nacional de Procedimientos Penales pues su pena máxima es de 7 años de cárcel.
Por lo cual, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó inicialmente la imposición de una garantía económica de 50 mil pesos para Ilse Lucía y de 10 mil pesos para Mónica, además de que ambas deberán de presentarse a firmar cada 15 días en una Unidad de Medidas Cautelares y tendrán prohibido salir del Estado.
Sin embargo, se estableció por el juez que la garantía era excesiva pues los ingresos económicos mensuales de Ilse ascienden aproximadamente a 8 mil pesos, en tanto que los de Mónica son de 3 mil 500.
Finalmente, el juez decretó la liberación de las imputadas a cambio de una garantía económica de 20 mil pesos para Ilse y de 5 mil para Mónica, asimismo ambas deberán ir a firmar su libertad condicional cada 15 días y tendrán prohibido salir de la entidad.
fahl