Hay nuevas fronteras de la política y el litigio. Que no las haya en detrimento de la justicia política y electoral será determinante para la valoración ciudadana del comportamiento de la autoridad electoral.
En Ciudad Juárez, la capital fronteriza en que abrió su campaña el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha iniciado la comprobación de que existe justicia electoral y se define la frontera de ley y justicia electoral.
Es deseable que la afirmación del político tabasqueño de no intervenir en litigio alguno, en este caso postelectoral, no sea aprovechada por las autoridades federales electorales para inclinarse, sin transparente evidencia técnica, por una decisión que pueda lastimar la credibilidad del proceso, de las propias autoridades electorales, del Poder Ejecutivo y del futuro de una afectada sociedad que vio en su participación un paso para salir de la crisis social en que se encuentra.
Existe evidencia de que personal de la administración del candidato independiente fue detenido en flagrancia en actos ilegales de campaña. En la prensa local se habló frecuentemente de las buenas relaciones con integrantes del Tribunal Electoral estatal.
En opinión de Bernardo Aguilar, enlace en Chihuahua de la Coordinación Noroeste de Morena, el aspirante independiente “ejerció toda su influencia y poder en contra de la voluntad popular”.
En Ciudad Juárez la diferencia de votos era de 981 para el miércoles 4 de julio, con 177 mil 460 para Morena contra los 176 mil 479 del candidato independiente después del conteo.
El 12 se julio, el presidente de la Asamblea Municipal Electoral anunciaba y validaba el resultado. Javier González Mocken, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, era reconocido por las instituciones como el triunfador de la elección.
La autoridad electoral, tras una primera impugnación, confirmó resultados generales de la elección, a pesar de que se habían declarado fundados parcialmente los argumentos para considerar la nulidad de algunas casillas por diversas irregularidades.
Al referirse a nueve casillas, de las 292 que había controvertido el candidato independiente, Armando Cabada, la autoridad electoral estimó que solamente en ellas se había presentado una indebida integración de las mesas directivas, algunos casos de error o dolo en el acta de escrutinio y cómputo.
El 11 de agosto, cuatro de cinco magistrados del Tribunal Estatal Electoral determinaron revertir la decisión de la autoridad electoral referida y consideraron justificado “modificar el cómputo municipal de la elección de ayuntamiento realizada por la asamblea municipal Juárez”, por lo cual revocaron la constancia de mayoría y validez de la elección emitida a favor de Morena.
Se ordenó a la Asamblea Municipal Electoral juarense otorgar la constancia de mayoría y validez a Garza Salinas, quien, según el Tribunal, habría ganado con 848 votos de ventaja. Además, se instruyó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a la Fepade y a la Fiscalía General del Estado a investigar los “posibles delitos electorales” cometidos.
González Mocken anunció la impugnación de esa resolución, misma que se realizará esta semana en la sala del Tribunal Federal Electoral, con sede en Guadalajara, como parte de la Primera Circunscripción Federal Electoral. ¿Deben anularse las elecciones o debe invalidarse la decisión del Tribunal Estatal Electoral cercano al candidato independiente?
Ciudad Juárez fue elegido por Morena como sede para el inicio de campaña por asociarse con la violencia y la inseguridad, la corrupción, la impunidad y por representarse ahí potencialmente una nueva forma de vincularse a la economía y a la justicia con un programa de igualdad. Ahora es el centro de una discusión acerca de si es posible esperar justicia de autoridades electorales que en otro momento han sido descalificadas por el propio partido que podría ser víctima o beneficiario de una resolución cuya justicia debería ser tan transparente como no puede serlo el número absoluto de la elección, dada la cerrada votación.
@guerrerochipres