ANKARA.- Un tribunal de Estambul ordenó hoy la liberación del presidente de Amnistía Internacional (AI) en Turquía, Taner Kilic, tras permanecer más de 14 meses en prisión bajo la acusación de apoyar al movimiento del clérigo islámico Fethullah Gülen, a quien Ankara culpa del fallido golpe de Estado de 2016.
“Estamos muy contentos con esta noticia. No ha llevado más de un año de campaña y lucha para llegar hasta aquí, pero parece que Taner Kilic finalmente será liberado”, informo Kumi Naidoo, nuevo secretario general de AI, en un comunicado publicado por la organización en su sitio web.
“Aunque nos alegramos por esta decisión, nuestras celebraciones empezarán cuando esté sano y salvo en su casa, en brazos de su esposa e hijas”, agregó Naido en el documento retomado por el diario turco Hürriyet.
Lamentó que los cargos sin fundamento contra Kilic no se han retirado y manifestó la determinación de AI de seguir luchando por los derechos humanos en Turquía y por la liberación de todos los defensores de las garantías individuales, los periodistas y demás que han sido injustamente encarcelados tras la intentona golpista.
El portavoz de AI en Turquía, Andrew Gardner, confió que esta noche sea liberado Kilic, quien ha estado preso desde junio de 2017 por supuestos vínculos golpistas.
La fiscalía turca acusa al Kilic por descargar en su teléfono móvil el ByLock, un programa de mensajería cifrada que supuestamente fue desarrollado para las comunicaciones de la cofradía de Gülen, sin embargo, el presidente local de AI ha negado las acusaciones.
Siempre ha asegurado que la aplicación fue descargada en su celular sin su conocimiento al descargarse varias apps de temática religiosa.
La Fiscalía General de Turquía reconoció en diciembre pasado que, debido, al uso de otras aplicaciones, al menos 11 mil personas se conectaban a ByLock sin saberlo, por lo que ordenó poner en libertad a unos mil sospechosos, pero no a Kilic.
Desde el fallido golpe de Estado, que se saldó con 248 muertos y casi dos mil 200 heridos, más de 50 mil personas han sido detenidas y unos 150 mil funcionarios, entre jueces, fiscales, policías y profesores, han sido destituidos o suspendidos de sus trabajos por su presunta relación con la intentona golpista.
GAC