La responsabilidad política de los logros y de los fracasos en materia de seguridad será del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Lo será doblemente: por la contundencia de la victoria de Morena y porque hablamos de una seguridad pública en un periodo de transición política donde gobiernan, por primera vez, quienes reivindican la igualdad como valor central, así como a la presencia ordenada y eficiente del Estado como instrumento central de operación en respaldo de las inequidades que están asociadas con la inseguridad.

Enfatizar lo que parece una obviedad, la responsabilidad es del Poder Ejecutivo, no tendría mayor relevancia si no se le pusiera en el contexto de lo que ya ha ocurrido en los foros Escucha realizados hasta ahora en Ciudad Juárez y Morelia.

De un lado, existe la opinión de que la sociedad juega un papel coadyuvante en la solución del problema de la seguridad y la vivencia de la justicia y, de otro, una perspectiva que se inclina en responsabilizar fundamentalmente a la autoridad.

De ahí que, sin coincidir en absoluto con la afirmación de Manuel Mireles de que los foros son “circo”, “farsa”, “acto artificial”, debe reconocerse que, quizá involuntariamente, plantea un tema relevante.

Mireles desearía que los “luchadores sociales”, como él llama a las autodefensas, fueran protagonistas de lo que se dice y hace, y con ello plantea el problema de quiénes son los actores centrales de la seguridad. Confunde su protagonismo, arrojo, experiencia, con el tema estratégico y público de la seguridad que demanda más que sus impulsos, tan controvertidos como reconocibles.
Ahí, sostengo yo, en lo que respecta al sujeto central de la seguridad, están los operadores del Poder Ejecutivo de manera transversal, a través de la operación de las políticas sociales y de manera vertical y clara, donde se definen responsabilidades y metas en materia de seguridad.

Para las fuerzas progresistas que constituirán el centro del Poder Ejecutivo y de la responsabilidad del diseño y operación de las políticas públicas correspondientes, es indispensable la participación social.

Simultáneamente no será ella una estratagema o una coartada para evitar resolver los problemas de presupuesto, disciplina, reclutamiento, operación, previsión, contención e innovación para terminar con los 12 años de fracaso en la materia.

Los foros encaminados a la pacificación y la reconciliación en México, precondición para la recuperación de la seguridad de acuerdo a la perspectiva predominante en Morena, son plataformas de interacción cívica.

En ellos, los académicos, víctimas, operadores del tema, ciudadanos en general, voceros de empresas y autoridades locales, entre otros, comparten material central para la resolución de los delitos más graves que afectan a los mexicanos. Son una especie de gigantesca lluvia de ideas. Muy bien. Pero ella no sustituye la responsabilidad metodológica, operativa y ejecutiva de la seguridad.
Alfonso Durazo, próximo titular de la reconstituida Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como Loretta Ortiz, coordinadora de los foros, además del propio Presidente electo han hecho énfasis en lo evidente: la multicausalidad, complejidad y dificultad de la operación de la política pública respectiva.

Ello no puede implicar, y seguramente no sería sostenible en una discusión seria, que el pró-ximo Gobierno pretenda acudir a “la sociedad civil”o a la “ciudadanía en general” para planear, supervisar y entregar resultados.

La responsabilidad será del Gobierno y del partido en él: Morena.

@guerrerochipres