Lo que cambia es inevitablemente.
Es sin duda un reto. Un gran dilema.
Se pudo hacer más para evitar el robo.
Hay quienes acusan, pudieron hacerlo en el pasado y tendrán que hacerlo en el futuro.
Y todo por su incapacidad.
Para el nuevo Gobierno es el alineamiento perfecto.
Y así lo dijo Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo: “Los recursos federales no deben ir a la bolsa de los gobernadores; no los tocarán ni gobernadores, ni diputados ni alcaldes. Así no habrá moche por la asignación de estos recursos”.
Lo escucharon los 32 delegados estatales y 264 delegados regionales.
Se les conoce como los enviados presidenciales; su cargo: delegado de Programas Integrales de Desarrollo.
El problema es que gobernadores no están dispuestos a aceptarlos.
Prefieren irse por cuenta y riesgo a aceptar interlocuciones.
No están dispuestos a compartir nada; sus estados, dicen, son libres y soberanos.
El primer interesado en que se note el impacto es Gabriel García Hernández, el hombre con la máxima responsabilidad y confianza del Presidente electo.
Los 296 operadores tienen como jefe directo al futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, y acordarán con secretarios de Estado.
Por si faltaba algo, los recursos para las obras federales no serán entregados a los Gobiernos estatales; tendrán como filtro a los delegados, y ellos tendrán el control, supervisión y vigilancia para que se apliquen correctamente los recursos.
Por el momento, no existe la remota posibilidad de que los gobernadores aspiren a seguir supervisando los fondos federales.
Se acortan la brecha y el tiempo.
El nuevo Gobierno está seguro de que los delegados serán útiles y sobrevivirán por sí mismos.
La prueba de fuego llegó, y también el momento de la decisión.
Quedan muchos capítulos abiertos, y aún no cierran heridas.
Milonga: entendiendo todas las implicaciones, ¿los gobernadores aceptarán compartir honores? Hasta ahora seis mandatarios han rechazado a los delegados, superdelegados o virreyes, como los llaman. Son los recién electos Jalisco-MC y Morelos-Morena, además de Chihuahua-PAN, Guanajuato-PAN, Guerrero-PRI, Michoacán-PRD y Nuevo León-independiente. El resto está cauteloso y estudiando a fondo la Ley de Coordinación Fiscal.
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