Managua.- Nicaragua cumplió 4 meses de profunda crisis sociopolítica entre manifestaciones en contra y a favor del presidente Daniel Ortega, y con una queja del Gobierno por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Miles de nicaragüenses participaron en la marcha denominada “Nada está normal”, en rechazo al discurso oficial, que asegura que Nicaragua ha recuperado “la normalidad” cuatro meses después del estallido social, que ha dejado entre 317 y 448 muertos en protestas contra Ortega, quien reconoce 198 víctimas.
Simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) participaron en otra marcha multitudinaria, aunque visiblemente menos concurrida que la de los manifestantes autoconvocados.
Este mismo sábado el Gobierno de Nicaragua emitió un “informe evaluativo” sobre el trabajo de la CIDH, a la que calificó de “parcializada y politizada”, por los reportes emitidos desde el 21 de mayo pasado.
El Ejecutivo nicaragüense afirmó que el informe de la CIDH está basado “en informaciones audiovisuales y testimonios editados y manipulados por los autores y ejecutores del intento de golpe de Estado, dándole plena veracidad a los mismos, sin haberle dado posibilidad al Gobierno de Nicaragua de pronunciarse sobre tales afirmaciones infundadas”.
El Gobierno emitió el señalamiento dos días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, que da seguimiento a las investigaciones de los actos de violencia, mostró públicamente su “preocupación” la negativa del Estado nicaragüense a brindar información.
El Gobierno de Nicaragua fue directo al mencionar que “la CIDH manipuló la información, convirtiendo un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica”.
Horas antes de la publicación gubernamental, al menos dos familias de la ciudad de Masaya denunciaron que paramilitares y policías asaltaron sus viviendas, mientras sus vecinos colgaron en internes los vídeos de lo ocurrido.
El analista político y ex candidato a la Presidencia, Edmundo Jarquín, advirtió que los paramilitares podrían “eliminar” a cualquier jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaraguaque considere sospecho de ser desleal a Ortega, ya que los mismos no se rigen por las leyes del país, sino por las órdenes del presidente.
Nicaragua atraviesa la crisis política más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
fahl