En las últimas semanas hemos escuchado mucho sobre las jornadas de pacificación del país. Pero para poder entender con mayor claridad en qué consiste la pacificación, es necesario entender dónde se originan algunos de los problemas de inseguridad y violencia que afectan a nuestro México. Por eso hagamos un poco de historia.

La violencia se desató en 2008 como consecuencia de una serie de estrategias de seguridad, conceptualmente equivocadas, que permitieron que células del crimen organizado crecieran, se arraigaran y se multiplicaran por varios municipios y estados del país, lo que desencadenó la mayor crisis de seguridad de la que se tenga memoria. La barbarie se volvió parte del paisaje: muerte, cuerpos abandonados y mutilados, corrupción e impunidad, corporaciones policiacas, tanto municipales y estatales, totalmente infiltradas por el crimen organizado.

A nadie le cabe duda que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se vieron rebasados, tanto en capacidades como en las estrategias que se tomaron para enfrentar la inseguridad. Eso nos consta a los millones de mexicanos que sentimos que las autoridades de estos gobiernos simplemente no pudieron garantizar la paz y la tranquilidad que por derecho nos corresponden. Somos nosotros quienes hemos pagado las consecuencias de que ellos no hayan podido detener a tiempo problemas sociales como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Eso aunado a que serán varias las generaciones de mexicanos las que pagarán la gran corrupción de la administración saliente. Y es que en lugar de haber sido parte de la solución fueron parte del problema.

Los errores de estrategia se deben a que se ignoraron los enormes problemas sociales que vive el país. Uno de ellos es la falta de oportunidades que tienen los jóvenes para desarrollarse y salir adelante, lo que los ha puesto en el riesgo de ser reclutados por el crimen, ya sea de forma voluntaria o por la fuerza. Cuando es voluntario, la falta de oportunidades laborales de nuestros jóvenes los llevan a encontrar en el crimen organizado la única vía para sacar adelante a sus familias. Cuando es a la fuerza, ante gobiernos que no les ofrecen la seguridad mínima, la mayoría de las veces son secuestrados y amenazados para que se sumen a las filas del crimen. En ambos casos el gobierno es responsable porque no ha garantizado a los jóvenes mexicanos mejores condiciones de vida. Sin justificar estos actos, la pacificación, el perdón, la amnistía o como se le quiera llamar finalmente, es una estrategia alternativa para permitir que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de salir del crimen. Como sociedad se la debemos.

El reto para el gobierno que viene es grande. México es un país con muchas diferencias, por ejemplo, mientras en Yucatán la tasa de homicidios es similar a la Bélgica; en Chihuahua, la tasa es parecida a la de El Salvador; e, increíblemente, en Colima es superior a la de Venezuela (INEGI 2017). Tenemos que evitar reinventar todo de nuevo y dar continuidad a lo que ya ha tenido éxito. Y es que, por ejemplo, habrá lugares en donde el mando único sea la mejor opción y, por supuesto, habrá otros donde el mando mixto sea la estrategia adecuada. Otra cosa en la que debemos seguir avanzando es en la profesionalización de los elementos de la policía, que es sin duda una solución de largo plazo. Busquemos también alternativas de corto plazo que puedan ir reduciendo los problemas de inseguridad como esquemas policiacos de proximidad que vinculen a la policía con las comunidades. El contacto entre ciudadanía y autoridad es clave.

Algunos de los mecanismos de pacificación más importantes que habrá que legislar son la redefinición de delitos graves o prioritarios, el mando único estatal, estrategias de investigación financiera contra el crimen, la despenalización de las drogas y la creación de políticas sociales que apoyen la educación de los jóvenes mediante becas y apoyos, así como el rescate de espacios públicos para favorecer el acceso al deporte y la cultura. La pacificación del país avanzará en la medida que tomemos esta ruta, en la que serán también fundamentales las discusiones sobre la reducción de penas, la reparación del daño, el derecho a la verdad y el acceso a la justicia.

@SergioMayerb