Caracas.- La dictadura venezolana fijó ayer los precios de 25 productos de consumo masivo y desplegó miles de funcionarios en todo el país para fiscalizar comercios y hacer cumplir estos controles que se aplican en medio de la hiperinflación nacional.
El régimen de Nicolás Maduro oficializó la regulación de precios de 25 alimentos, algunos de ellos ya escasos y que se consiguen a través de revendedores y advirtió que el establecimiento que incumpla con esta medida será sancionado como se puede leer en la Gaceta Oficial del miércoles.
En el decreto se establece la fijación de precios de varios productos de la cesta básica y de otros de consumo secundario, y se señala que quien incumpla esta medida será sancionado de acuerdo a la Ley Precios Acordados y de Precios Justos, normas que establecen castigos que van desde multas hasta el cierre de locales.
Entre los productos a los que se le fijaron los precios se encuentran: el arroz en 42 bolívares soberanos (0.7 dólares según la tasa oficial); la pasta en 48 bolívares soberanos (0.8 dólares) o la harina de maíz en 20 bolívares soberanos (0.33 dólares).
Todos los alimentos mencionados escasean desde hace años en Venezuela aunque se consiguen a través de los revendedores conocidos en el país como “bachaqueros”.
También se ha fijado el precio para productos que desde hace pocos meses comienzan a verse de nuevo en los supermercados tras desaparecer de los anaqueles como el aceite cuyo precio se ha acordado en 36 bolívares soberanos (0.6 dólares).
Además se ha fijado el precio para la carne de res en 90 bolívares soberanos (1.5 dólares) o el pollo en 78 bolívares soberanos (1.3 dólares), cifras que ya se manejaban en el mercado pero a los que difícilmente podía acceder un venezolano con un salario mínimo de 5.1 bolívares soberanos.
La medida de fijación de precios de productos se enmarca en el plan de “recuperación” económica impuesto por el dictador Maduro, que también anunció un aumento de salario a 1,800 bolívares soberanos, 30 dólares según la tasa oficial.
Según dijo el vicepresidente económico, Tareck el Aissami, se busca “proteger la estabilidad de los precios”, sin embargo, la medida asusta a muchos consumidores pues cada vez que se ha intentado el control de los productos estos desaparecen del mercado.
El fiscal general, Tarek Saab, advirtió ayer que desplegó una comisión integrada “por 68 fiscales especialistas en delitos económicos” en todo el territorio que estará “atenta a quien vulnere las medidas económicas”.
Saab dijo en rueda de prensa que estos funcionarios atenderán denuncias de la ciudadanía “sobre comerciantes que especulen y remarquen precios”.
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó en Twitter de que agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a Alejandro Quintana y Graciano La Rosa, gerente y subgerente de un supermercado del este de Caracas por el “remarcaje de precios en un 200%”.
Entretanto, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) informó de una tercera detención que se produjo ayer al gerente de la cadena de farmacias Farmatodo en el estado Yaracuy (oeste), Rafael Galindez, por el “presunto delito de especulación”.
Una cuarta detención tuvo lugar en el estado Carabobo (centro) y fue a Walter Guillén, gerente de un supermercado, “por ser hallado en situación de flagrancia, incurriendo en los presuntos delitos de Especulación e Incumplimiento de Formalidades”, indicó la Sundde.
El Ejecutivo puso en marcha el lunes una reconversión que le quitó cinco ceros a la moneda, mismo día que empezó a circular una nueva familia de billetes con denominaciones más ajustadas a la inflación que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, cerrará el año en 1.000.000 %.
Caso Requesens
Senadores abogan por diputado
Senadores de Estados Unidos instaron ayer al Gobierno de Donald Trump a interceder pronto por la liberación del diputado opositor venezolano Juan Requesens, encarcelado y acusado de participar en el atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro.
Los congresistas, entre ellos los senadores por Florida Bill Nelson y Marco Rubio, urgieron en carta enviada al secretario de Estado, Mike Pompeo, “hacer todo lo posible para liberar al diputado Requesens y a todos los presos políticos en Venezuela”.
De igual forma, los senadores solicitaron “mayores sanciones económicas a los funcionarios responsables” de “la tortura y el arresto bajo falsos cargos” del líder opositor.
“Debemos estar con el pueblo de Venezuela en su lucha contra la dictadura de Maduro y ayudarlos a restaurar la democracia”, señalaron los legisladores.
Denunciaron que el “tratamiento brutal contra el diputado Requesens es reprobable y trágicamente típico de la dictadura de Maduro” y no debe ser tolerado.
“Con solo 29 años, el diputado Requesens es un prominente líder de la oposición y defensor de los derechos y libertades del pueblo venezolano”, expresaron.