La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, dijo que está vivo el problema de la reconstrucción de los inmuebles afectados por los sismos del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.

 

Al dar la bienvenida a las y los asistentes al Conversatorio Reflexiones sobre desalojos forzosos en la Ciudad de México, explicó que en breve se presentará el Informe Especial sobre la Reconstrucción en la Ciudad de México, así como dos Recomendaciones relacionadas con los daños por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

 

Ramírez Hernández agregó que actualmente hay 120 quejas en investigación, a pesar de que algunos de los tres casos que llegan por día se resuelven durante el trámite o se brinda orientación cuando no son competencia de la CDHDF.

 

Enfatizó que “no se puede pensar en una reconstrucción sin la participación de las personas afectadas, así como soluciones únicas u ocurrencias”.

 

A su vez, la experta en la ejecución y evaluación de políticas urbanas y de vivienda, Raquel Rolnik, expuso que en un escenario posterior a los desastres naturales, la maquinaria que se echa a andar es la de la industria de la construcción, en la que poca o ninguna oportunidad de participación tienen las personas afectadas.

 

Durante su ponencia “Directrices para la Reconstrucción con Enfoque de Derechos Humanos”, dijo que para evitar que únicamente prevalezca el negocio en la reconstrucción de casas y edificios, antes que la reconstrucción social y la del ejercicio de otros derechos sociales de las personas, se deben considerar varias directrices.

 

Esto es, las directrices de la Observación General Nº 4 y la Nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) sobre el derecho a una vivienda adecuada, así como el informe que en 2013 presentó en su calidad de Relatora Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada.

 

Al respecto, la arquitecta y urbanista, con más de 40 años de experiencia en planificación y gestión del suelo urbano, se refirió a los casos de Chile, Haití y las islas Maldivas, para detallar sobre principios rectores pertinentes para abordar la crisis provocada por la inseguridad de la tenencia después de desastres naturales.

 

“Claramente tomar la propiedad registrada como elemento fundamental para la reconstrucción es un acto discriminatorio; y la no discriminación es uno de los elementos centrales de la defensa de los derechos humanos”, advirtió.

 

Sobre la seguridad jurídica de la tenencia, sostuvo que sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de un cierto grado de seguridad que garantice la protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento o las amenazas.

 

Y en torno a la adecuación cultural, señaló que una vivienda adecuada debe respetar y considerar la expresión de la identidad cultural y del modo de vida de las personas.

 

Otros elementos son los gastos soportables (personales o del hogar, que no deben comprometer el logro y satisfacción de necesidades básicas: comida, educación, acceso a servicios de salud.

 

Asimismo, la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura tales como acceso al agua potable, instalaciones sanitarias y de aseo, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, almacenamiento de alimentos y eliminación de desechos, entre otros.

 

El Conversatorio posterior se desarrolló sobre los temas “Qué está pasando en la Ciudad, situación legal y tipos de desalojos forzosos” y “Desalojos forzosos, mapeo, mecanismos de defensa, exigibilidad e incidencia”.

 

DPC