El consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Local 2018-2019.
Dicha estrategia marca la ruta en la que el Instituto y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) transitarán de manera coordinada para garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir de manera libre e informada a sus autoridades.
En sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, Marco Antonio Baños, dijo que en las elecciones locales 2019 se convocará a votar a más de 9 millones de mexicanos, por lo que se instalarán aproximadamente 16 mil casillas electorales en coordinación con los OPLE de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.
En dichas entidades se elegirá una gubernatura, 86 diputaciones locales, 55 presidencias municipales, 446 regidurías y 56 sindicaturas, se informó en un comunicado del INE.
Baños Martínez detalló que la estrategia de capacitación tiene el propósito de ser la hoja de ruta para colocar las elecciones en manos de la ciudadanía a través de su participación como funcionarios de casilla y así contribuir en la construcción de la democracia en el país.
En ese sentido, se contempla la participación de más de 64 mil ciudadanos como funcionarios de casilla, quienes entregarán las boletas, recibirán, clasificarán y contarán los votos de sus vecinos.
Para contar con este número de ciudadanos el día de la jornada electoral se visitará a 13 por ciento de la ciudadanía de la Lista Nominal de Electores que corresponde a cerca de 1.2 millones de mexicanos, para lo cual se contratarán poco más de cuatro mil supervisores y capacitadores asistentes electorales.
El INE ejercerá en el Proceso Electoral 2018-2019, por tercera ocasión, las atribuciones legales y constitucionales en materia de organización de elecciones locales.
En otro punto de la sesión, la autoridad electoral acató cuatro sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a las irregularidades en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que la Sala Superior del TEPJF delegó en las salas regionales la revisión de la fiscalización y están revocando acuerdos del Consejo General.
Ello cuando el artículo 44 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dice: “que la Sala Superior del Tribunal Electoral es competente para resolver recursos de apelación, cuando se impugnen actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto”.
Explicó que el problema al que se enfrenta el Instituto al acatar sentencias de diversas salas regionales es que en ocasiones las resoluciones para mismos escenarios presentan criterios contradictorios o contrarios a la ley.
fahl