En México, poco más de 62 millones de personas carecen de un ingreso suficiente para poder adquirir la canasta básica, es decir poco más de la población, y esta es una situación que no ha cambiado en los últimos años, alertaron investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM.
En conferencia de prensa sobre la persistencia de los niveles de pobreza en México, Ana Patricia Sosa Ferreira, investigadora del IIE, aseguró que uno de los principales problemas es que los mexicanos más pobres no cuentan con ingresos suficientes para poder absorber de manera necesaria el gasto corriente para sobrevivir.
Puntualizó que el gasto promedio de los mexicanos en todo el país, por concepto de consumo, es de 28 mil pesos trimestrales, de esta cifra se gasta cerca de nueve mil pesos por concepto de alimentos, y cerca de cinco mil 400 pesos en transporte, y solamente de estos dos rubros, el total llega a ser de más de 15 mil pesos.
Sin embargo, dijo, los salarios del país para las personas en situación de pobreza rondan entre los seis mil 800 pesos y los 12 mil pesos (trimestrales), por lo que en algunas ocasiones las personas que viven en los lugares más marginados del país no les alcanza para cubrir las necesidades.
Sosa Ferreira puntualizó que en poco más de 900 municipios de México viven en condiciones de pobreza y en 190 de ellos, más de 95% de sus habitantes está en condiciones de pobreza extrema.
Andrés Blancas Neira, investigador del IIE, consideró que esto se debe a que las acciones del Gobierno para este tipo de personas no cumplen con los derechos sociales de la población en estas condiciones, ya que las diferentes dependencias no utilizan el gasto público como una herramienta para incidir deliberadamente en la reducción de la desigualdad de trato o de discriminación.
El experto destacó que además, actualmente existen habitantes que luchan por satisfacer las necesidades más básicas de educación, salud, sana alimentación, vivienda y exclusión social, por lo que esto se ha convertido en “el principal limitante para el desarrollo sostenible de los hogares”.
Por ello, aseguraron que uno de los principales retos para la siguiente administración será tener una Política Industrial que aumente la producción económica en todo el país, ya que si el crecimiento económico crece en todos los estados, y no sólo en algunos como las zonas industriales de Monterrey o Guadalajara, se podría erradicar gradualmente este fenómeno social y se mejoraría la productividad.
Sosa Ferreira, consideró que la nueva administración tendrá que integrar todas las políticas en materia económica del país, y que éstas no solamente tengan objetivos propios.
Explicó que se deberá unificar la política monetaria, la cambiaria y la financiera, para que estas no actúen de manera independiente, y se pueda tener una integral que ayude y propicie el crecimiento económico de todo el país.
En tanto, la investigadora añadió que la sociedad jugará un papel fundamental para que la siguiente administración pueda desempeñarse de manera correcta, ya que seremos los ciudadanos los que exigíamos al gobierno que las instituciones mejoren en su totalidad.
LEG