WASHINGTON.- La migración forzada de 2.3 millones de venezolanos a otros países representa el mayor desafío de las Américas y una de las más graves crisis humanitarias en la historia del continente, advirtió hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Muchas personas se están viendo forzadas a migrar para no morir, o ver morir a sus seres queridos, de hambre, o incluso por falta de tratamiento médico”, señaló la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, María Claudia Pulido.
En el marco de una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada por su secretario general Luis Almagro, Pulido señaló que la crisis va en aumento por lo que se requiere de una estrategia y respuesta regional coordinada para mitigar la crisis.
De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, Colombia alberga al mayor número de inmigrantes venezolanos con un millón de personas, seguida por Ecuador, Perú, Brasil y Chile, pero también a otros países de la región y fuera del continente.
La CIDH destacó acciones de gobiernos como el permiso especial de permanencia en Colombia y Perú, el reconocimiento de refugiados en México, el uso de la visa Mercado Común del Sur (Mercosur) en Argentina y Uruguay, el otorgamiento de residencia temporal en Brasil y regularización en Ecuador.
Sin embargo, lamentó que existan “vacíos de protección”, como el rechazo en zonas fronterizas, deportaciones arbitrarias, requisitos para presentar documentos oficiales como pasaportes y la dificultad de los venezolanos de pagar los costos de la documentación.
La perspectiva de la CIDH fue compartida por el Instituto de Política Migratoria (MPI) de Washington. Su director Andrew Seele consideró que la crisis migratoria y humanitaria empeorará, porque apenas se encuentra en sus inicios y no en su final.
La delegación de Venezuela ante la OEA rechazó de antemano la convocatoria a la reunión por no haber sido consultada sobre la realización del evento y sostuvo que es una confirmación del carácter “hostil e inamistoso” de los convocantes.
“Se están usando estas sesiones como una plataforma de agresión contra nuestro país a través de un abordaje selectivo y claramente politizado de la realidad venezolana. Desde ya decimos que rechazamos la convocatoria, sus consecuencias (y) sus decisiones”, señaló.
En su turno, el representante de México, Jorge Lomónaco, renovó su llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que acepte ayuda de emergencia.
“Reiteramos el llamado que hemos hecho a las autoridades venezolanas para el ingreso de asistencia humanitaria que ayude a aliviar la grave crisis que sufre el pueblo venezolano”, señaló el diplomático mexicano.
Igualmente pidió al gobierno de Venezuela a dotar de manera urgente a sus ciudadanos de documentación de identidad.
Por su parte, la delegación estadunidense llamó al gobierno de Maduro a permitir “incondicionalmente” la ayuda internacional e hizo notar que la administración de Donald Trump ha aportado 46 millones de dólares en apoyo a los venezolanos más vulnerables.
No obstante, señaló que la ayuda por sí sola no puede resolver la situación y que se requieren reformas económicas, el regreso al respeto de los derechos humanos y de las libertades, así como elecciones libres con supervisión internacional.
Estados Unidos hizo un “urgente llamado” a Venezuela a aceptar una visita de la CIDH.
La víspera, 11 países latinoamericanos emitieron en Quito, Ecuador, una declaración en la que piden establecer un programa regional especial para garantizar una migración ordenada y segura desde Venezuela.
La “Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región”, emitida tras dos días de deliberaciones, pidió establecer un programa regional especial con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El texto fue suscrito este martes por altos representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
DPC