De los casi 80 mil damnificados por los sismos de septiembre del año pasado en Oaxaca, en un primer censo se calcula que al menos 50 mil todavía no reciben ningún tipo de atención, indicó la senadora por Morena, Susana Harp.
En conferencia de prensa, previa a la sesión de este jueves en el Senado, adelantó que presentaría un punto de acuerdo para exigir cuentas a las autoridades estatales y federales sobre el uso de los recursos públicos como privados designados a la reconstrucción de viviendas e infraestructura en los estados afectados por los temblores del 7 y el 19 de septiembre de 2017.
Explicó que en Oaxaca todavía hay zonas en Juchitán y en la Mixteca baja donde ni siquiera se han levantado los escombros de las viviendas que colapsaron con los terremotos, y por su puesto, tampoco se ha atendido a esos damnificados.
Recordó que en su momento, secretarías como Gobernación, Desarrollo Territorial y Urbano, Desarrollo Social, así como el Infonavit y el Fovissste levantaron censos sobre las afectaciones por los sismos e incluso ubicaron personalmente a los damnificados para atenderlos.
Sin embargo, con el paso de los meses esa información parecía perderse y cuando estamos en vísperas de que se cumpla un año de la tragedia hay un profundo desconocimiento sobre la atención que han recibido los damnificados.
De ahí que el punto de acuerdo busca que las instituciones encargadas de la atención a damnificados rindan cuentas sobre la utilización de los recursos, la información recibida y la atención que se ha dado a los afectados, así como los avances en materia de aplicación del presupuesto que se ha dado hasta la fecha.
La senadora por el estado de Oaxaca reconoció que tampoco se conoce un censo detallado sobre las escuelas que resultaron afectadas y que hoy podrían continuar dañadas, así como el número de alumnos afectados por esa situación.
En ese sentido, aseguró que solicitar la información tiene por objeto allegarse datos sobre lo que ocurre y, en su caso, exigir que se realicen las acciones pendientes sin descartar la presentación de denuncias penales cuando se presuma que hubo alguna actuación irregular de autoridades.
NCG