¿Quedarán perdonados todos los actos de corrupción a partir de 2019?
Una de las preocupaciones centrales de la opinión pública es cómo podrá realizarse la cuarta transformación propuesta por Morena si, en una extrapolación liberal de la amnistía a ciertas actividades delincuenciales, se perdona a los responsables de convertir la ética pública en un cuerpo decrépito cuyo deterioro posibilitó, simultáneamente, el enriquecimiento de algunos servidores públicos y la incompetencia del Gobierno que encabezaron.
Por ejemplo, Miguel Ángel Mancera, el senador que coordina la bancada del PRD, es ahora el centro de un entramado de contradicciones que identifican la última etapa de ese partido como organismo político éticamente verosímil aun en el debatible contexto mexicano y podría estar pertrechado en su fuero, su fortuna y su grupo político, para sobrevivir al empuje de la justicia, mayormente si la amnistía general lo beneficia.
Esas contradicciones y contrastes fueron organizados en una propuesta de investigación periodística pertinente que merece análisis y debate.
La discusión o su ausencia también revelará la importancia que los medios convencionales e incluso las redes tienen para hacer efectivo el Estado de Derecho en su conjunto y la norma en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Será, además, revelador de cómo el modelo de comunicación social que ha iniciado su modificación es indispensable: la pauta pactada por los gobiernos inhibió la investigación periodística y promovió la propaganda… a través del uso del presupuesto.
La primera contradicción. Mancera se dijo promotor de la transparencia desde la campaña y en los primeros años de su administración. Al finalizar su gestión, es notorio el crecimiento de su riqueza, mismo que no fue hecho del conocimiento público y, de hecho, de acuerdo a la investigación de Proceso, dada a conocer este fin de semana, acudió a su vínculo con los hermanos Julio César y Luis Ernesto Serna Chávez y otros prestanombres para “salir de compras” de inmuebles frecuentemente, mientras era mandatario capitalino.
La segunda. En contraste con su compromiso de una clara separación de sus actividades como servidor público y las relacionadas con sus empresas, Mancera aprovechó, según la misma propuesta periodística referida, sus relaciones políticas para adquirir al menos cinco propiedades de Santa Fe en condiciones especialmente ventajosas.
La tercera. En demérito del discurso inicial con el que pretendía distanciarse de prácticas que caracterizaron uno de lo más escandalosos y obscuros periodos del perredismo nacional, cuando Carlos Ahumada fue el detonador de episodios de enorme controversia y corrupción, Mancera habría reproducido las mismas prácticas a partir de su asociación con las empresas de José Antonio Velasco Jiménez: pago de emisión por otorgamiento de obra, nombramiento de empleados de sus empresas dentro del Gobierno para facilitar transacciones, regalos y remodelaciones costosas como premio a funcionarios.
La cuarta. Para mayor tensión entre el compromiso de honestidad ofrecido en 2012 y enfatizado en el discurso en 2013, Mancera y Héctor Serrano crearon un respaldo financiero para soportar las actividades partidistas del PRD con cargo al Gobierno de la ciudad. De esa “caja chica” salió para necesidades personales de diputados locales, federales, delegados y gobernadores. Los beneficios alcanzaron a algunos panistas, integrantes del bloque político con el cual Mancera gobernó la urbe, de acuerdo con la publicación de Proceso.
Será interesante saber cómo el grupo político de Mancera despliega su entrenada capacidad de evadir la justicia o si, por lo menos, le responde no sólo a Proceso, sino a la ciudadanía que mayormente se niega a otorgarle amnistía a prácticas como las suyas.
@guerrerochipres