Cuando Vicente Fox comunicó al Congreso que pretendía llevar a la Constitución la obligatoriedad de la educación media superior –bachillerato-, expertos en el tema le sugirieron que no lo hiciera.

La razón era muy sencilla: no había los suficientes planteles –ni proyectos para construirlos- ni mucho menos maestros para atender lo que sería una demanda explosiva.

La reforma se hizo sin ningún impacto considerable en la educación media superior; la matrícula no se incrementó, no se construyeron nuevos planteles ni se capacitaron maestros para ese grado de enseñanza.

Andrés Manuel López Obrador dice que elevará a rango constitucional el derecho a la educación superior para que “ningún joven’’ se quede sin estudiar.

Prometió que ya no habrá exámenes de selección ni para el bachillerato ni para la universidad.

Pero el próximo Presidente se encuentra con el mismo dilema que enfrentó Fox.

Todas las universidades públicas –todas- tienen severos problemas financieros; muchos derivados de sus deficitarios programas de pensiones.

La UNAM y todas sus escuelas de estudios profesionales y de bachillerato están saturadas; igual ocurre con el Politécnico y la Universidad Metropolitana.

Ni qué decir de las universidades estatales; y aunque hubiera lugar, por ejemplo, en la Universidad de Nuevo León, ¿cuánto costaría a un joven de cualquier otro estado del país estudiar en ese lugar?

El asunto viene a colación porque, derivado de los disturbios en el campus de la UNAM que arrojaron varios heridos y ningún detenido –los dos únicos presuntos están en libertad-, corrió la suposición de que se trata de un ataque de Morena para hacerse del control de la Máxima Casa de Estudios.

Para ser complot se apagó pronto –hoy la mayoría de las escuelas serán reabiertas-; a veces perdemos el tiempo inventando teorías cuando la causa real la tenemos a la vista.

Simplemente, no hay gobierno universitario.

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Del 16 al 20 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador realizará su gira de agradecimiento.

Serán algunas ciudades las que recorra en ese lapso, pero se prevé que sean reuniones multitudinarias.

A López Obrador bien le caerá un apapacho masivo, de ésos a los que estaba acostumbrado en campaña, porque luego de haber ganado la elección presidencial, comenzó a resentir el paso de candidato a electo con sus altos costos políticos.

El tabasqueño no ha rendido protesta aún como Jefe del Ejecutivo, pero sus nombramientos y sus proyectos –que involucran cientos de miles de millones de pesos- han generado escepticismo incluso entre sus seguidores.
Un baño de pueblo, pues, para los días por venir.

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Nada en el PAN parece serio.

Luego de que siete gobernadores impulsaran la candidatura a la presidencia del blanquiazul de Héctor Larios y Rafael Moreno Valle, resulta que los mismos siete negocian con Marko Cortés, al que acusaron de ser el alfil de Ricardo Anaya, para formar una planilla única.

Según las negociaciones, Larios sería secretario general; Cortés, el presidente y Moreno Valle, coordinador de los senadores panistas.

Perooo hasta ayer los gobernadores, quienes se suponen tienen control sobre su militancia –se supone, ¿eh?- seguían negociando para que Larios fuera el presidente y Cortés, el secretario general.

Ninguno de los grupos toma en serio la candidatura del nieto de Manuel Gómez Morín, a quien ni siquiera conocen.
Si se concreta el acuerdo entre los gobernadores y el grupo de Anaya, entonces eso de la “defensa de los principios’’ y “rescatar al partido’’ fue una tomada de pelo.

Hasta para los propios panistas.