A nadie ayuda que en el caso de las investigaciones sobre los hechos ocurridos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las autoridades federales y de la Ciudad de México quieran deslindarse de los hechos y de su responsabilidad jurídica de indagar. O que en el peor de los casos no quieran asumir las consecuencias de los resultados.

Más allá de descubrir a los agresores que causaron las lesiones a los estudiantes (que ya de por sí es su responsabilidad), las pesquisas deberían estar enfocadas también a determinar quién o quiénes controlan este tipo de grupos de porros. Por ejemplo, las autoridades deberían investigar a la persona o personas que dieron la orden a estos porros de reunirse en el Estado de México e ir a Ciudad Universitaria a provocar y golpear a los estudiantes.

Apenas el pasado viernes nos enteramos cómo de manera inesperada la Procuraduría General de la República (PGR) decidió regresar la carpeta de investigación sobre las agresiones a los estudiantes de la UNAM a la Procuraduría capitalina, la que de inmediato respondió que no estaba de acuerdo, pero que pese a ello continuaría la indagatoria que no quiso concluir la PGR.

Por su parte, la PGR intentó aclarar que no estaba regresando la totalidad del expediente a las autoridades capitalinas, sino sólo una parte, la que correspondía a las lesiones y a la tentativa de homicidio y que, por lo tanto, seguiría investigando otros hechos. Dato que por cierto la PGR no aclaró, es decir, no sabemos bien a bien qué es lo que investigará el Ministerio Público federal ni qué tipo de resultados presentará.

Sumado a esta discrepancia habría que hacer notar que la noche del jueves la Secretaría de Gobernación, la PGR y el Gobierno de la Ciudad de México sacaban un comunicado que refería que de manera conjunta investigarían los hechos ocurridos durante la manifestación de estudiantes en la UNAM. Tras este comunicado, las autoridades federales dejaban en claro que el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, no se había presentado a la reunión y sólo había mandado a un representante.

Por su parte, Amieva manifestó que ellos recibieron un oficio de la PGR en el cual les manifestaron que devolvían la carpeta de investigación debido a que no se vieron afectados los intereses de la federación, además de que los acontecimientos fueron entre particulares.

Esta diferencia entre las procuradurías provocó que el secretario de Gobernación, Carlos Navarrete, saliera el viernes por la tarde a anunciar la captura de dos presuntos porros, pero este fin de semana nos enteramos que ambos salieron en libertad por falta de elementos.

La Procuraduría capitalina asegura que no había elementos en su contra, pese a que uno de ellos aparece en los videos si bien no agrediendo, sí manifestándose.

El hecho es que la poca coordinación entre las autoridades no está dando los resultados que la sociedad está esperando, y el problema aún no está resuelto. El próximo 14 de septiembre los estudiantes saldrán en la marcha del silencio y además estarán siguiendo la ruta de los estudiantes del 68. Estamos a días de que se cumplan 50 años y es necesario que antes del 2 de octubre resuelvan el conflicto.