Es un gigantesco desafío para Morena y para el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, demostrar que la fiscalía que sustituirá a la PGR efectivamente será un instrumento de justicia, terminará el rezago administrativo y penal, descongelará investigaciones que arrojen luz sobre casos paradigmáticos y todos aquellos relevantes para un legítimo reclamante de justicia.
La posibilidad de una reestructura en que se abata la corrupción y el abandono de su utilización como instrumento político de persecución son temas de la mayor importancia.
La bancada de Morena presentó la propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que este martes estaría arribando al pleno del Senado, y con ello inicia una etapa de debate y muy probable pronta resolución en una de las políticas públicas centrales a la nueva administración.
Sobresalen los propósitos inmediatos de 1) constituir una expresión de justicia tradicional mediante un aparato que existirá un año hasta el momento en que la reforma constitucional que crea la fiscalía pueda aterrizar plenamente; 2) crear un Consejo Técnico Ciudadano que sería una especie de contrapeso en las decisiones de la nueva institución y 3) se proyecta el acuerdo con organizaciones de la sociedad civil que buscan potenciar la oportunidad para crear un esquema de utilidad, eficiencia, honestidad y legalidad de la fiscalía.
Habría cuatro fiscalías especializadas para delitos electorales, corrupción, derechos humanos y asuntos internos, según precisiones de Santiago Nieto.
La sociedad mexicana mantiene aún enormes reservas acerca del comportamiento de la autoridad, de cuya integridad duda profunda y justificadamente. Al respecto destaca la creación de una unidad dinámica responsable de los asuntos internos para atender excesos atribuidos a los agentes ministeriales.
En la memoria cercana están los casos de Ayotzinapa, cuyas resoluciones atravesaron por tormentas de contradicciones, suspicacias e interpretaciones politizadas y, muchas veces, enormemente subjetivas; la investigación de Elba Esther Gordillo, que demuestra o la incompetencia de la autoridad, o su actuar sesgado o acuerdos políticos que se subordinan a la voluntad del poder y ocasionalmente a la justicia; la investigación de Ricardo Anaya, cuyos detalles de procedimiento se difundieron en un contexto electoral sin que se conociera el fondo de la cuestión con claridad para la totalidad de los interesados, entre centenares de asuntos que no alcanzan notoriedad social.
La propuesta de Morena implica la creación de unidades de investigación y litigación, equipos mixtos de investigación y servicio profesional de carrera. Ello supone una revisión del esquema de distribución del gasto interno para efecto de estimular apropiadamente el desempeño profesional eficaz de los responsables del esquema transitorio que tendrá vigencia un año antes de revisarse en algunos detalles y eventualmente consolidarse.
La función fiscal y de persecución penal, el modelo de investigación criminal, el servicio profesional de carrera, los derechos humanos y la atención a víctimas, además de los órganos consultivos enunciados arriba y la reestructuración institucional son ejes de la transformación del proceso de la intervención del Ministerio Público federal que revolucionarían el escenario nacional.
De la mayor relevancia es para todos que Morena y el conjunto de fuerzas opositoras comprendan la oportunidad del lanzamiento de la fiscalía en el contexto del tiempo nuevo que vive el país.
@guerrerochipres