Foto: @Mx_Diputados/Twitter La nueva ley traerá duras penas a quienes la infrinjan  

La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, con lo cual ningún funcionario podrá tener un sueldo mayor al que percibe el Presidente de la República, y pone fin, además, a las pensiones de los ex presidentes.

 

Esta es la primera ley que aprueba la LXIV legislatura, y para el presidente de la Junta de Coordinación Política de los diputados, Mario Delgado, es de suma importancia porque fue una promesa de campaña para detener los excesos y privilegios, principalmente de altos funcionarios.

 

Esta ley derivó de una minuta que se llegó a la Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2011 luego de ser enviada por el Senado y que fue turnada en ese entonces a comisiones.

 

Su plazo para ser dictaminada habría concluido en 2013, pero la pasada legislatura autorizó una prórroga hasta abril de 2016, sin embargo, por acuerdo de los actuales coordinadores parlamentarios se acordó su presentación en la actual legislatura.

 

La diputada del PAN, Laura Rojas Hernández lamentó que siendo la primera ley que aprueban, el resultado sea un texto desarticulado de las reformas que han ocurrido en siete años.

 

Dulce María Sauri Riancho, del PRI, dijo que la minuta había salido del “invierno legislativo” y por ello no compartían que se aprobara sin cambios.

 

El proyecto de decreto fue aprobado en lo general por 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención, para luego ser discutida y aprobada en lo particular en sus 17 artículos con 246 votos a favor y 111 en contra.

 

“El PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra porque votan a favor en lo general cuando todos los artículos estaban reservados. Cuando se votó en lo general se votó por el título de la ley, porque todo lo demás quedó reservado…, al final votaron en contra de todos los artículos”, dijo en entrevista posterior a la aprobación el diputado de Morena, Pablo Gómez.

 

Consideró que esos partidos pretenden engañar a la opinión pública y aparecer como si estuvieran de acuerdo en la regulación de los sueldos de los funcionarios públicos, cuando no es verdad.

 

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