Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtieron que con la reducción de 51.2% que pretende hacer el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados a los salarios y remuneraciones de servidores públicos, se corre el riesgo de que se de fuga de cerebros hacia la iniciativa privada o al extranjero de personal especializado, con experiencia, capacitación e información privilegiada, además de generar corrupción en ciertos rubros del Gobierno.

Luego de que 24 HORAS publicara en su edición de este lunes que, de acuerdo a un proyecto de tabulación que prepara Morena para establecer las disminuciones y topes salariales a los funcionarios públicos -desde el Presidente hasta los enlaces-, quienes tendrían una disminución de 51.2% en sus percepciones; diputados y senadores, coincidieron en el riesgo que esto implica.

El diputado federal del PRI, Rubén Moreira, alertó que el anuncio de la disminución de salarios ha comenzado a generar un aumento en los retiros voluntarios, y existe una probabilidad muy alta de que haya una disminución en la calidad del Gobierno.

Destacó que entre los rubros que se verían más afectados está el del Servicio Exterior Mexicano, el cual incluso corre el riesgo de desmantelarse.

“Ellos (los diplomáticos) tienen que hacer gastos en el extranjero, al costo de otras divisas y lo que acá se les paga, no les va a completar, entonces corremos el riesgo de que se desmantele el Servicio Exterior Mexicano”, advirtió el priista.

Además, dijo que en aquellas áreas donde se requiere un alto sentido de especialización, como Pemex y Banco de México, también hay riesgo, toda vez que sus pares de otros países ganan mucho más, incluso, dijo, se pueden ir a la iniciativa privada, con todo el conocimiento que tienen del funcionamiento del Gobierno.

En tanto, el senador del PRD, Juan Zepeda, coincidió que la reducción de salarios, puede generar fugas de cerebros, amparos e, incluso, corrupción en algunos sectores del Gobierno como el Judicial, que gracias a los altas percepciones, han logrado avanzar en ese tema.

Ambos legisladores coincidieron en que existen anacronismos en la recién aprobada Ley de Remuneraciones, que data de una iniciativa presentada hace ocho años, y que una vez que entre en vigor el nuevo tabulador de salarios, los empleados del Gobierno que vean afectados sus derechos adquiridos podrían solicitar un amparo, el cual sería procedente.

LEG