foto: Cuartoscuro / archivo Ello, con el fin de que en la LXIV Legislatura no haya más senadores o servidores públicos de mando con vehículo oficial  

Será a través de una licitación pública, como el Senado de la República venda los 170 vehículos que fueron asignados a servidores públicos de mando en la pasada Legislatura, y que como parte del programa de austeridad, instrumentado a partir del pasado primero de septiembre, les fueron retirados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, informó que se acordó la enajenación de automóviles propiedad de la Cámara de Senadores.

En el acuerdo tomado por todos los coordinadores parlamentarios, se estableció que los autos que serán objeto de enajenación “serán los que tengan un desgaste considerable y ocasionen un gasto mayor por mantenimiento correctivo debido a sus condiciones físicas y de funcionalidad”.

Señaló que con la venta de estos automotores se reducirá el costo por concepto de aseguramiento, de pago de tenencia, de derechos, de dotación de combustible y por el cumplimiento de programas ambientales, entre otros.

Conservarán una flotilla

También establece que el Senado conservará una flotilla de vehículos de servicio y carga en buenas condiciones físicas y de funcionalidad, para apoyo en las labores legislativas y administrativas, la cual estará bajo administración y resguardo de áreas adscritas a la Secretaría General de Servicios Administrativos.

De esa manera, se instruyó a dicha secretaría para que, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales “y conforme a lo establecido a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, realice el proceso de licitación pública para la enajenación de los automóviles que son de utilidad para ésta Soberanía”.

Ello, con el fin de que en la LXIV Legislatura no haya más senadores o servidores públicos de mando con vehículo oficial, y que cada quien se traslade de acuerdo a sus posibilidades.

El dato

De acuerdo a lo declarado previamente por el senador Monreal Ávila, los vehículos se ofrecerían primero a los empleados que los tenían en consigna -en caso de que todavía laboren en el Senado-, y de no aceptarlos seguirían los trabajadores en general, de acuerdo al valor estipulado en el denominado libro azul

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