Mala, muy mala señal que tras reunirse hace unos días, apenas el viernes pasado, con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y acordar trabajar juntos en su gobierno para mantener la estabilidad económica y contener la inflación, el Presidente electo de México afirmara que recibe un país en bancarrota, y que si el peso se devalúa será responsabilidad precisamente del Banxico y de factores externos, pero no del Gobierno que encabezará a partir del 1 de diciembre próximo.

También apenas hace un par de meses, luego de su primer encuentro con Enrique Peña Nieto en su calidad de ganador de la elección, AMLO relató que uno de los temas principales de su charla informal fue establecer los mecanismos de colaboración entre los Gobiernos saliente y entrante para mantener la estabilidad económica de la que goza el país que ahora, apenas unas semanas después declaró este domingo en bancarrota, dicho que sin duda ha puesto nerviosos a los mercados internos y externos y que rechazan en pleno los especialistas financieros nacionales.

Y es que al comenzar su gira de agradecimiento en Nayarit, López Obrador matizó por completo el discurso lleno de promesas que lanzó durante su campaña al asegurar que cumplirá todos sus compromisos, pero no necesariamente todas las demandas ciudadanas.

El problema ante este giro en el discurso es que precisamente las demandas ciudadanas se pueden resumir en cuatro rubros: seguridad, justicia y lucha contra el crimen organizado; honestidad y combate a la corrupción; empleo y crecimiento; bienestar, educación y salud, las cuales coinciden perfectamente con los ofrecimientos hechos por el Peje en la campaña electoral.

Este cambio en el mensaje de López Obrador a dos meses y medio de asumir la Presidencia significa que el aterrizaje a la realidad ha dejado en claro al próximo Presidente de México que, aún sin comenzar, técnicamente es imposible cumplirle a sus electores los pretendidos beneficios de su llamada cuarta transformación.

Pero no sólo eso, sino que todavía no arranca su gobierno y ya AMLO desde ahora se está deslindando y buscando en el Banxico y en el entorno internacional a los responsables de una posible devaluación que no quiere que se atribuya a su administración.

Sin embargo, es imposible que López Obrador se deslinde de una eventual devaluación del peso frente al dólar o de su apreciación; del incremento de la pobreza o su abatimiento, de la posible caída de la Inversión Extranjera Directa o su aumento, de una posible contracción de la economía nacional o de su crecimiento, etcétera, precisamente porque constitucionalmente, ética y políticamente el Presidente de la República es el responsable máximo de la conducción de la política económica que ejecuta el Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Así que, sin duda, es un mal augurio para el próximo sexenio que el Presidente electo apueste más a conservar su imagen que a asumir la responsabilidad de conducir a México en las difíciles aguas de la economía y las finanzas públicas.