La semana pasada, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, entregó al Congreso de la ciudad su Sexto Informe de Gobierno. Sin embargo, en el contenido del documento no se detallaron las acciones de la Contraloría respecto a los presuntos malos manejos que se dieron por la contratación de empresas fantasma.

 

 

Hace un mes y medio, la Contraloría informó que había encontrado irregularidades y que para ello había separado de sus cargos a diversos funcionarios de la Secretaría de Finanzas de la CDMX. Pese a ello no se ha informado sobre la separación o suspensión de tales funcionarios que aprobaron la contratación de despachos externos para la recuperación del ISR federal.

 

Habría que recordar que previo a las elecciones del 1 de julio pasado, se dio a conocer que el Gobierno de la ciudad por adjudicación directa contrató al menos a tres empresas, de las cuales dos de ellas fueron identificadas como “fantasma”. Tales empresas se supone que se encargarían de un trabajo de contaduría ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

Dichos contratos fueron tramitados por funcionarios de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; lo extraño fue que dichos convenios contenían funciones que tienen bajo su responsabilidad los propios responsables de tal dependencia.

 

Los contratos fueron hechos en diciembre de 2017 y dos más, en los primeros meses de 2018, es decir, uno de los contratos se firmó cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de Gobierno y otros dos contratos fueron signados durante la administración de José Ramón Amieva.

 

Lo que logró detectar la Contraloría en su momento fue que los contratos realizados tienen diversas características similares; por ejemplo, por una semana de trabajo las ganancias de las empresas involucradas fueron de entre 300 y 600 millones de pesos.

 

Se suponía que por dichos contratos, el Gobierno de la ciudad obtendría más de tres mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda, y que por ello se había solicitado la intervención urgente de estos despachos. Sin embargo, datos de la Secretaría de Hacienda revelan que en fechas distintas a los contratos ya se habían efectuado los pagos a la Ciudad de México

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Ante la denuncia de que por estos contratos el Gobierno había pagado cerca de los mil millones de pesos (la mitad del presupuesto de la reconstrucción de la metrópoli), el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, decidió emprender una investigación a través de la Contraloría interna, de la cual poco se ha querido informar los avances.

 

En su arranque y como pocas veces la investigación fue rápida y la primera conclusión de la Contraloría fue que ninguno de los contratos era necesario, incluso tras la investigación el Órgano de Control Interno de la capital detalla que la contratación de estas empresas no “era procedente”.

 

En su momento y mediante un comunicado muy escueto el Gobierno de la ciudad señaló que habría responsabilidades administrativas y penales contra los responsables de haber contratado estas empresas y haber fijado tal cantidad de ganancias. Pero a la fecha pareciera que el caso quedó en el olvido.

 

Lo preocupante de la investigación y de los pendientes que aún no se concluyen es que en su momento la Contraloría detalló que no se sabía bien a bien dónde quedó el destino de los recursos recuperados, pues si bien la Secretaría de Finanzas justificó que serían enviados para programas sociales y para la reconstrucción de la urbe, esto no sucedió, pues los recursos no estaban etiquetados para ello; de hecho, no estaban etiquetados para ningún rubro.