Tiene razón Andrés Manuel López Obrador cuando asegura, a propósito del tráiler que deambula en Jalisco con más de 150 cadáveres, que la violencia generada por el crimen organizado que vivimos tiene su origen en el grave fallo de Felipe Calderón, quien como Presidente decidió lanzar una guerra frontal contra el narcotráfico en México.
Pero se equivoca al presentarla como causa única de la violencia que hoy azota al país; sin duda, detrás de este estado de cosas se encuentra el cambio de estatus de México en las rutas de tráfico de estupefacientes al pasar de ser un país de paso en el trasiego de drogas hasta los años 80, para convertirse en una zona de consumo cuando los cárteles colombianos comenzaron a pagar a los mexicanos con mercancía para incrementar sus ganancias en dólares, lo que puso a alcance de amplios grupos sociales esos estupefacientes y generó una lucha por los territorios para su producción, distribución y venta en nuestro país.
Todo esto en el contexto de una situación de añeja complicidad de autoridades y cuerpos policiacos municipales, estatales y federales con los grupos criminales que los infiltran y corrompen, a lo que se suman malas decisiones de gobiernos como el de Vicente Fox, que de manera imprudente desmanteló y quitó recursos a los sistemas de inteligencia y seguridad pública de México.
También acierta AMLO cuando sostiene que Calderón se decidió por esa estrategia de confrontación y no de inteligencia en materia de seguridad pública para legitimar su Presidencia y su administración tras un proceso electoral que tuvo un resultado cerradísimo y en la que el tabasqueño fue objeto de una campaña de temor y desprestigio que incluyó un proceso de desafuero.
Sin embargo, en medio de sus sentencias simplistas, López Obrador abre un espacio a la cordura cuando de alguna manera reconoce que la violencia es un fenómeno más complejo al decir que ésta tiene causas económicas, sociales, de seguridad y hasta morales.
Pero de nueva cuenta se equivoca al asegurar que hubo fraude en las urnas, pues fueron las mismas instituciones, las mismas estructuras electorales y los mismos procedimientos para elegir funcionarios de casilla con los que se realizaron las elecciones del 1 de julio de 2018 en que resultó ganador, que los usados en 2006 y 2012 cuando fue derrotado por Calderón y Enrique Peña Nieto.
Y es que en el descuido verbal e intelectual que provocan las frases fáciles, el Peje olvida que en los hechos su triunfo en estas elecciones desmiente la teoría del fraude electoral. Entonces mal hace el Presidente electo al atacar y socavar con su discurso a las instituciones democráticas de México que junto con la voluntad ciudadana lo llevaron a la Presidencia de la República; es más, hoy y desde siempre ha sido su responsabilidad cívica y política respetarlas y a partir del 1 de diciembre será su obligación y mandato constitucional defenderlas y fortalecerlas.
De continuar con un descuidado, por no decir irresponsable, discurso, López Obrador puede convertirse en la causa de daños mayores a México, y de no ser congruente con sus ofertas de campaña, fallará en su compromiso de dar paz y estabilidad al país.