Sólo tres estados del país cuentan con con capacidades institucionales adecuadas para implementar una política social robusta, transparente y participativa, condición necesaria para reducir los rezagos sociales y la pobreza.
En tanto, 21 entidades no cuentan con atributos mínimos y requieren medidas sustantivas de mejora, en dichos estados habita el 61.8% de personas en condición de pobreza en el país, según señala el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2018 (IDES 2018), dado a conocer por GESOC en la Ciudad de México.
Ello, ante la evaluación que hizo la GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C. de las capacidades que tienen los gobiernos estatales para aplicar con eficacia su política social, en la cual se miden la planeación presupuestal; la gestión eficiente de programas sociales; el monitoreo y evaluación de programas; la apertura y participación ciudadana.
En el ranking que clasifica a las 32 entidades federativas de mayor a menor nivel de desarrollo de capacidades. El primer lugar lo obtuvo el Estado de Jalisco con una calificación de 87.5 (sobre 100), seguido por la Ciudad de México (83.7) y Guanajuato (80.9). Por el contrario, los estados con el nivel más precario de capacidades para el desarrollo social son Nuevo León (43.5), Tlaxcala (43.1) y Sinaloa (41.0). Otros estados como Michoacán, Aguascalientes y Chihuahua se ubicaron en los primeros 10 sitios del ranking.
GESOC destacó que, con respecto a la medición 2017, las entidades que mostraron un avance significativo en cuanto a su nivel de capacidades institucionales para la implementación de la política de desarrollo social son Chiapas, Chihuahua y Colima.
Mientras que Baja California Sur, Sinaloa y Tamaulipas fueron las entidades que mostraron un mayor retroceso.
Por otra parte, a partir de la sistematización de información sobre los programas sociales implementados por las entidades federativas, se identificó que, a pesar de existir algunos avances con respecto a la medición 2017, en su mayoría los programas sociales estatales carecen de elementos mínimos de institucionalidad, como transparentar su presupuesto aprobado y ejecutado, contar con evaluaciones sobre su diseño, ejecución de procesos o resultados, contar con indicadores (de gestión o estratégicos) para su seguimiento, contar con normativa que los regule (Reglas de Operación), publicar su padrón de beneficiarios o definir y cuantificar la población potencialmente beneficiaria a la que orientan sus esfuerzos.
DPC