El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó ayer en Ginebra la primera resolución de su historia sobre Venezuela, en la que insta al gobierno a aceptar ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos y medicinas que afecta a la población.
En un gesto político firme hacia el régimen de Nicolás Maduro por parte de este órgano intergubernamental, creado en 2006, 23 países votaron a favor de la resolución, siete en contra y 17 se abstuvieron.
El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la resolución y la consideró “el comienzo de una escalada intervencionista” para conseguir la caída del gobierno y “establecer un mecanismo de tutela” foráneo sobre Venezuela.
Acusó a los países que promovieron la resolución de ser instrumentos de Estados Unidos e Israel en contra de su país.
Las anteriores tentativas de introducir el caso de Venezuela en la agenda del Consejo habían fracasado, pero esta vez el llamado “Grupo de Lima” (compuesto por países del continente americano, entre ellos México) consiguió este objetivo .
En nombre de una decena de países latinoamericanos patrocinadores del texto, el embajador de Perú, Claudio de la Puente, dijo que había llegado el momento de que el Consejo atienda a una situación que ha provocado el éxodo de dos millones de venezolanos que han buscado acogida en otros países de la región.
La resolución aprobada recuerda que la falta de alimentos, fármacos y suministros médicos han dado lugar a “un aumento de la malnutrición”.
Asimismo, alerta del riesgo del brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control en Suramérica.
El Gobierno venezolano ha rechazado una y otra vez cualquier tipo de ayuda humanitaria, en particular de países occidentales, por considerar que esto podría ser utilizado como pretexto para una intervención militar exterior.
La resolución adoptada también hace mención expresa de “la profunda preocupación” de los países por “las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la crisis política, económica, social y humanitaria”.
Al respecto, en La Haya, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó que ha recibido la petición hecha por Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, recordó en un comunicado que la solicitud “no conduce automáticamente a la apertura de una investigación” y que su oficina ya abrió un examen preliminar sobre el país caribeño en febrero de este año.
En tanto, en Nueva York, donde se llevó a cabo la Asamblea General de la ONU, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mostró ayer su disposición a que España desempeñe un papel de país “facilitador” en la búsqueda de una solución a la crisis que vive Venezuela.
El jefe del Gobierno español dijo que lo más urgente en Venezuela es la crisis migratoria que sufre, de la que, dijo, había hablado con muchos líderes latinoamericanos.
Agregó que a todos les trasladó que si se quiere solucionar ese problema, debe buscarse una respuesta en el ámbito regional.
“España, que tiene unos lazos muy estrechos con Venezuela y con Latinoamérica, está dispuesta a ayudar”, aseguró.
LEG