El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, pidió justicia al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
A través de una carta dirigida a López Obrador, el ex mandatario, que permaneciera recluido desde hace 17 años por los delitos de lavado de dinero, detalla que el reciente veredicto de nueve años de prisión para el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, “no midió con la misma vara” con la que se midió su caso.
“La ley no ha sido pareja conmigo, ni me han dado la justicia que merezco. Llevo 17 años y 4 meses en 10 cárceles tanto de México, como de Estados Unidos, donde me extraditaron ilegalmente”.
Recordó que la ley le otorga la posibilidad de obtener una liberación anticipada al haber cumplido ya con el 70 por ciento de la pena que le fue impuesta.
También señala que es candidato a obtener prisión domiciliaria por motivos de salud. Cabe mencionar que el ex gobernador permanece en una clínica particular en Chetumal, además afirma sufrir problemas crónicos de salud.
“Ni favor ni gracia, únicamente la Ley, y me voy a mi casa, se me otorga la libertad, y se reconoce mi inocencia. Ya es tiempo de que las autoridades reconozcan los errores cometidos”.
A continuación se presenta la carta completa firmada por el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid.
SR. LIC. ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR
PRESIDENTE ELECTO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
EL EXGOBERNADOR MARIO VILLANUEVA RECLAMA JUSTICIA
Al ex Gobernador de Veracruz, JAVIER DUARTE, se le dio una condena demasiado benigna, de 9 años de prisión, la cual se reducirá a 4 y medio, por el beneficio que da la ley, y en tres años estará en su casa.
Justicia y gracia para los amigos –Benito Juárez– y, la Ley, ésta no ha sido pareja conmigo, ni me han dado la justicia que merezco.
Llevo 17 años y 4 meses en 10 cárceles tanto de México, como de Estados Unidos, donde me extraditaron ilegalmente, en contra de la Constitución y del Tratado de Extradición, pues me enviaron allí para juzgarme por los mismos hechos y delitos, por los que me condenaron en México, como lo reconocieron tanto el Juez como el Gobierno de ese país.
En México me tiraron a matar, me libraron 4 órdenes de aprehensión con 13 delitos. No hallaron nada contra mí en el gobierno del Estado ni en lo personal, no pudieron acusarme de corrupción, y por ello decidieron hacerme acusaciones con 25 testigos protegidos de la PGR, condenándome finalmente por dos delitos:
Contra la salud en la modalidad de fomento (por supuesta protección a los narcotraficantes); y, lavado de dinero (que supuestamente me dieron los narcos por la supuesta protección).
Con los 17 años 4 meses en la cárcel, he pagado 23 años de dos sentencias por lavado de dinero, una en México y otra en los Estados Unidos, lo que fue ilegal porque son los mismos hechos.
He cumplido 23 años por lavado de dinero, y a Duarte le dieron nueve. Al otro exgobernador Duarte, el de Chihuahua, al parecer lo han exonerado.
Mi sentencia en México fue de 28 años 8 meses 7 días, que se redujo a 22 años 7 meses 11 días al descontarme la prisión preventiva de 6 años y 26 días que pasé en la prisión de máxima seguridad de Almoloya.
Estoy compurgando esa sentencia de 22 años 7 meses y 11 días por el delito de contra la salud en la modalidad de fomento, que con mis 70 años, saldría de la cárcel después de los 90, que dudo mucho que pueda cumplir. Éste es una muestra más de la saña con que me han tratado.
La Ley Nacional de Ejecución Penal me otorga dos beneficios:
1. El de la prisión en mi domicilio por motivos de salud. En realidad estoy bastante enfermo, por eso me trajeron a Chetumal y estoy en la Clínica Independencia. Desde fines de julio pedí al Juez que autorice el traslado a mi casa y estoy en espera.
2. El otro beneficio es la libertad anticipada que se da al haber cumplido el 70 por ciento de la pena. Esto equivale a casi 16 años y ya me pasé, pues llevo 17 años y 4 meses en la cárcel.
Sin embargo, los problemas no se acaban. Mi caso lo lleva el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en la ciudad de Toluca, con quien de plano me ha ido mal, pues sus resoluciones han sido negativas, contra la ley, y la verdad es que ignoro sus razones para actuar así.
Después de dos años en una prisión hospital de Estados Unidos, al llegar a México me mandaron a la cárcel llamada CEFEREPSI, en el Estado de Morelos, donde supuestamente me atenderían de mis enfermedades, lo que fue imposible porque ahí no tienen médicos especialistas, ni instrumentos, ni aparatos médicos, ni área de urgencias, ni terapia intensiva, ni medicinas; y los centros hospitalarios de segundo y tercer nivel están muy lejanos.
Además de la falta de atención médica, me tuvieron aislado, segregado, incomunicado, con la prohibición de hablar con cualquier persona y permitiéndome solo una llamada telefónica, de 5 a 10 minutos cada domingo.
Le pedí a ese Juez Tercero de Toluca, el traslado a un reclusorio de la ciudad de México para ser atendido en los hospitales del Gobierno de esa Ciudad y, después de casi once meses, el 9 de octubre pasado me lo negó, ordenando “que compurgue mi pena de prisión en el CEFEREPSI, porque ahí velan por mi salud”. Fue una violación flagrante a mis derechos humanos, porque el Juez sabe perfectamente que allí no pueden atender mis enfermedades. Es sin duda una burla a mi condición de salud.
En junio de este año, por recomendación médica el Comisionado Nacional de Seguridad, por medio del Órgano Administrativo responsable de las prisiones federales, decidió trasladarme al CERESO de Chetumal para que mis pulmones y el corazón se beneficien con el clima y la altura al nivel del mar.
El Juez Tercero en Toluca calificó de ilegal mi traslado, y ordenó al Órgano que me reingresara de inmediato al CEFEREPSI, “que se ajustara a lo antes ordenado”, de que “allí debo de compurgar mi pena, porque allí velan por mi salud.” Al Juez no le asiste la razón porque el Órgano actuó basado en las facultades que le otorga la ley.
Por mi inminente traslado al CEFEREPSI, presenté una demanda de amparo ante el Juez Sexto de Distrito con sede en Chetumal, que en principio me dio la suspensión para evitar el traslado.
No obstante, el siete de septiembre pasado, el Juez Sexto me negó la suspensión y me dejó indefenso ante el traslado, porque el Juez Tercero en Toluca negó que él lo haya ordenado, lo que es una falsedad, porque existe el documento en que él ordenó al Órgano federal que me reingresen al CEFEREPSI, lo que implica que me trasladen allí.
Además, los siguientes hechos demuestran mi inocencia:
1) Mis supuestos cómplices a los que se les libró orden de aprehensión y se les llevó a la cárcel, han sido absueltos, por ser inocentes y, quienes los acusaron, son los mismos testigos protegidos que me hicieron imputaciones.
2) Desde hace cinco años una Comisión plural de Diputados del Congreso del Estado de Quintana Roo, lleva a cabo una investigación sobre los hechos ilícitos que me atribuyeron, y las pruebas recabadas demuestran que los hechos son falsos, que soy inocente.
¿Y mi libertad de expresión?
Por otra parte, me han indicado que debo permanecer callado para que me resuelvan positivamente, pero aun así, me siguen castigando con resoluciones contra la ley.
¿Por qué tengo que callarme cuando lo único que pido es que se aplique la ley, que en apego a Derecho se acabe la injusticia . . . y, ya no más el silencio de los inocentes . . .
Ni favor ni gracia, únicamente la Ley, y me voy a mi casa, se me otorga la libertad, y se reconoce mi inocencia. Ya es tiempo de que las autoridades reconozcan los errores cometidos.
Gracias señor Presidente electo Andrés Manuel López Obrador por tomar en cuenta mi reclamo. Usted abandera la ley y la justicia, y por ello deposito en Usted mi confianza . . . y mi esperanza.
Mario Villanueva
Exgobernador de Quintana Roo.
Septiembre 27 de 2018
Con información de Noticaribe