En la última semana nos hemos cuestionado si la PGR ha tenido un trato VIP a favor de personajes como Javier Duarte y Alejandro Gutiérrez. En el caso del ex secretario del PRI, la PGR decidió que no había elementos para procesarlo por el presunto desvío de 250 millones de pesos; y en el caso del ex gobernador de Veracruz, todo indica que negociaron con él para tener un procedimiento abreviado y así conseguir una sentencia mucho menor.
La PGR se ha defendido y ha señalado que en la situación de Alejandro Gutiérrez no tuvo elementos suficientes para procesarlo por dicho desvío, pues argumentó que el Gobierno de Chihuahua jamás le entregó el expediente completo del caso.
En el caso de Javier Duarte afirman que no han cerrado las carpetas de investigación que aún tienen abiertas y que el caso aún no se encuentra cerrado. En ambos casos pretenden que les creamos, cuando en las últimas semanas hemos visto situaciones como la de Ayotzinapa, en donde no han podido ni siquiera demostrar que varios de los detenidos pertenecen a los Guerreros Unidos.
El sábado pasado, la doctora Ana Laura Magaloni, experta en Derecho, escribía que ante el caso de Javier Duarte habría que hacerle varias preguntas al encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Una de ellas era cuestionarlo sobre por qué optó por el procedimiento abreviado. Si tenía la posibilidad y las pruebas para sostener un juicio oral en el que la sentencia fuese mucho mayor.
Pero otra pregunta fundamental es ¿por qué la acusación penal que formuló la PGR contra el ex gobernador no contempló delito como enriquecimiento ilícito, fraude fiscal y peculado?
Todo esto nos hace dudar de la buena fe del Ministerio Público Federal y del trato VIP que dan a ciertos personajes. Por ejemplo, el caso más reciente y en el que pareciera están dando el mismo trato VIP es el del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández.
La PGR no ha querido concluir ni enviar los documentos para culminar el proceso de extradición a los Estados Unidos del ex gobernador, pero sí, por el contrario, le ha dado el tiempo para que un juez de amparo le otorgue la libertad.
Ante dicho escenario, la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas se vio en la necesidad de concluir una de sus principales investigaciones contra el ex mandatario, y formuló ante un juez penal su imputación en contra de Eugenio Hernández, por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Se planteó al juez que, con base en las indagatorias realizadas por la Fiscalía, el ex gobernante tuvo un incremento patrimonial injustificado, y por tanto ilegítimo, por la cantidad de 40 millones 977 mil 794 pesos con 28 centavos.
La cifra anterior derivada del hecho de que los ingresos íntegros de Hernández Flores, sin considerar gasto alguno, fueron de 13 millones 328 mil 675 pesos y 57 centavos, los cuales obtuvo como servidor público cuando fue diputado federal en los años 2000-2001, alcalde de Ciudad Victoria entre 2002 y 2004 y gobernador entre 2005 y 2010.
No obstante, durante su actividad como servidor público registró un incremento patrimonial como persona física y como socio de personas morales hasta lograr un total de recursos por 54 millones 306 mil 469 pesos con 85 centavos.
Estos hechos ocasionaron que un juez decretara prisión preventiva por, al menos, otros dos años, y así evitar que obtenga la libertad.