Cuando la ley rondaba a Luis Echeverría, vino el perdón.
La no acción penal.
Esta información, fidedigna, corroborada con testimonios de los actores, tuvo varios participantes y en su momento aquí manejaremos los nombres y su actuación.
Es el compromiso periodístico con ellos y lo respetaré.
Mientras tanto, con su propia información, es posible hacer una aserción:
-Jamás habrá castigo para los culpables de las represiones de 1968 y 1971.
Se perdió la oportunidad política, jurídica e histórica, más allá de la asunción de responsabilidades por el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz en su Quinto Informe de Gobierno.
Ciertamente hubo negociaciones en 2003 y 2004 a las cuales cedió Vicente Fox, pero también hubo huecos legales dejados por el fiscal Ignacio Carrillo Prieto.
No mostró profesionalismo y, contra él, destacó por sus afanes de protagonismo, su frivolidad, el despilfarro, el abuso de guaruras y la parafernalia con un aparato de gran funcionario.
México pagó por ello.
EL 68 Y EL 71 QUEDARÁN IMPUNES
Tiene razón Andrés Manuel López Obrador.
Ayer el tabasqueño se manifestó contra la resurrección o creación de otra fiscalía para investigar delitos de ese pasado porque, explicó, sería un aparato burocrático más.
Eso fue la encabezada por Ignacio Carrillo Prieto.
Un proyecto nacido para fracasar.
El principal interesado e impulsor en su creación fue el secretario de Gobernación, Santiago Creel, contra el escepticismo Fox.
Por ello no dependía del procurador, un hombre tan prestigiado como el jurista y general Rafael Macedo de la Concha, sino del Palacio de Cobián.
Cuando se dieron las consignaciones y surgieron 12 órdenes de aprehensión, los hombres de leyes dudaron muy a pesar del encarcelamiento domiciliario de Luis Echeverría.
La revisión de los expedientes llevó a una conclusión: no había elementos inculpatorios y probatorios contra el ex Presidente ni contra nadie.
Vino el desistimiento, la orden política y al final sólo quedó el histrionismo de Echeverría cuando acudió a declarar nada, a ser personaje de un día y no de la aplicación de la ley a un poderoso.
EL POPULISMO VA CONTRA JUÁREZ
El populismo lleva a quitar el nombre de Gustavo Díaz Ordaz donde se encuentre.
En estaciones del Metro, pueblos y hasta cañadas.
Pero se extiende a otros ámbitos y sin razón.
Es el caso del municipio Benito Juárez, asiento de Cancún y el más poblado de Quintana Roo.
Su alcaldesa María Elena Lezama, de Morena, quiere ignorar al patricio oaxaqueño en su jurisdicción, y ya tuvo respuesta.
El diputado federal Gastón Alegre, de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador, explotó con la propuesta de desaparecer ese nombre como intenta quien él hizo candidata, a pesar de ser simple locutora:
-¿Con base en qué? ¿Por qué? -preguntó.
Agregó:
“Nosotros intervenimos para que su candidatura fuera factible y da pena. Si Andrés llega a saber que alguien apoyado por Morena hizo ese planteamiento, olvídate”.
De paso acusó a su protegida de haber hecho una toma de posesión elitista y le advirtió el dueño de Radio Turquesa:
-Seguiremos siendo orgullosamente cancunenses y benitojuarenses.
El tiempo transcurrido y dos hechos impiden castigar a los culpables de las masacres de 1968 y 1971. Esto y más leerás en la columna #TeléfonoRojo de José Ureña pic.twitter.com/c5S4k0GiLB
— 24 HORAS (@diario24horas) 3 de octubre de 2018