La presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho, informó a diputados que el proceso de evaluación de docentes y directivos del sistema educativo nacional está establecido en la ley vigente.
En un oficio dirigido al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, el INEE subrayó que tiene la obligación de apegarse al marco jurídico vigente y al principio de legalidad establecido en la Constitución.
Por ello, estimó que en cumplimiento de las normas jurídicas que comprenden el marco de actuación del INEE, “no constituyen una cuestión sujeta al arbitrio de la propia autoridad, sino una obligación de carácter absoluto”.
En respuesta al punto de acuerdo de Morena para suspender la evaluación a maestros, consideró importante destacar que “de conformidad con el calendario de evaluaciones para el presente año, las atribuciones correspondientes al INEE, contenidas en el Artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, ya han sido ejercidas”.
Mientras que, expuso en un oficio, la ejecución de los procesos de evaluación a los que se hace referencia en el exhorto de mérito le corresponden a las autoridades educativas locales y a la Secretaría de Educación Pública, ello de conformidad con los artículos 8, 9 y 10 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
El instituto reiteró su compromiso “con el propósito constitucional y legal en el ámbito normativo que le compete, a fin de contribuir a mejorar la calidad de la educación para todos los mexicanos”.
Recordó que de conformidad con el Artículo 3 de la Constitución mexicana, el INEE es un organismo público autónomo del Estado mexicano con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo propósito es evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en preescolar, primaria, secundaria y media superior.
fahl