La organización el Poder del Consumidor pidió regular la publicidad dirigida a la infancia y que la industria implemente etiquetados frontales que sean comprensibles, ya que en México 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños y adolescentes viven con obesidad.
Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Obesidad en la que se encontró que el 73% de los encuestados opinaron que el gobierno tiene mucho o algo de responsabilidad en lo que concierne al combate de la obesidad en México, el 89% consideró que el próximo gobierno y el Congreso deberán poner la salud por encima de los intereses de la industria alimentaria.
Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, dijo que a nivel mundial hay 2 mil millones de adultos con sobre pesos y obesidad y se estima que para 2025 mil millones de adultos sufrirán de obesidad lo cual aumentará el riesgo de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. “Esto esta poniendo en crisis los sistemas de salud pública, especialmente el mexicano”, resaltó en conferencia de prensa.
Fiorella Espinosa, investigadora en el sector salud, señalo que de manera especial los niños sufren bullying lo que puede traer consecuencias graves que llegan a generar aislamiento social, problemas emocionales y psicológicos como ansiedad y depresión, además de motivar aún más las prácticas de alimentación poco saludables, exacerbando el aumento de peso y la obesidad.
En el marco del Día Mundial de la Obesidad, la organización hizo un llamado al próximo gobierno, al Congreso de la Unión a modificar el ambiente obesogénico a través de las siguientes acciones: regular verdaderamente la publicidad dirigida a la infancia, incluyendo el uso de personajes y celebridades en todos los medios de comunicación.
Implementar un etiquetado frontal de advertencia comprensible, inclusive para las y los niños; vigilar la prohibición de la venta de alimentos y bebidas no saludables y la presencia de alimentos saludables en las escuelas; aumentar el impuesto a refresco y a las bebidas azucaradas y direccionar los recursos recaudados a la provisión de agua en escuelas y espacios públicos, por último, desarrollar los mecanismos necesarios para evitar la interferencia de la industria de alimentos y bebidas en el desarrollo de las políticas públicas.
fahl