La política antiinmigrante del Presidente de EU, Donald Trump, llevó a su gobierno a separar, en cuatro meses, a más de seis mil familias que cruzaron su frontera con México sin documentos, lo que duplica la cifra aceptada previamente por las autoridades estadounidenses.
Así lo revela un informe de Amnistía Internacional (AI) publicado ayer en su sitio de Internet y titulado Tú no tienes ningún derecho aquí: expulsiones ilegales en frontera, detención arbitraria y malos tratos infligidos a solicitantes de asilo en Estados Unidos.
El documento destaca que la política de la administración Trump está enfocada en socavar y desmantelar el sistema de asilo de EU, lo que representa una grave violación del derecho norteamericano e internacional.
La gestión de Trump está librando una campaña deliberada de violaciones generalizadas de los derechos humanos para castigar y disuadir a las personas que buscan seguridad en la frontera entre EU y México, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de América de Amnistía Internacional, reveló el organismo en un comunicado.
El informe de AI explica que de acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre el 19 de abril y el 15 de agosto de 2018 se habían separado forzosamente a más de seis mil “unidades familiares”, un término que se refiere tanto a familias enteras como a miembros individuales de una familia.
Sin embargo, la cifra debe ser mayor, la que la CBP confirmó que este reporte seguía excluyendo un número no revelado de familias cuyas separaciones no se registraron debidamente, como en los casos de abuelos y abuelas o de otros miembros de la familia no inmediata, cuyas relaciones las autoridades clasifican de “fraudulentas”.
En total, la administración Trump ha reconocido ahora que ha separado aproximadamente a ocho mil unidades familiares desde 2017, mientras en mayo pasado, cuando un juez de EU le ordenó detener la separación sólo aceptó que eran tres mil casos.
“Estas escandalosas nuevas cifras indican que las autoridades estadounidenses informaron mal a la opinión pública del número de familias a las que había separado o, bien, que continuaron con esta práctica ilegal a pesar de sus propias declaraciones y de las órdenes judiciales”, afirmó Guevara-Rosas.
La representante instó al Congreso a actuar de inmediato para investigar y establecer un registro exhaustivo de separaciones familiares realizadas por las autoridades estadounidenses, y a aprobar una ley que prohíba la separación y detención indefinida de menores de edad y familias.
fahl