En México hay 3.2 millones de personas indígenas en pobreza extrema y sin capacidad económica para adquirir la canasta básica, alertó el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez.
Durante la presentación del informe de la visita al país de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, urgió a los gobiernos federal y estatales a elaborar e implementar políticas públicas orientadas al cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Ello, al destacar la gravedad de la discriminación por origen étnico en México, pues 65% de la población mayor de 18 años considera que poco o nada se respetan los derechos de las personas indígenas.
Además, que los integrantes de esos pueblos y comunidades son discriminados y están en desventaja con el resto de la población para gozar de igualdad de oportunidades, añadió.
Enunció que, de acuerdo con datos reportados por distintas instituciones gubernamentales, la lista mínima de urgente atención la componen pobreza, alimentación, vivienda, educación, salud, justicia y discriminación, carencias que han impedido que los pueblos indígenas accedan a una vida digna, sin carencias y con pertinencia cultural.
Se trata, insistió el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que la nación se ha comprometido a cumplir.
Con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2016, dijo que 8.3 millones de personas indígenas estaban en situación de pobreza y la brecha entre ser indígena y no serlo es enorme.
Ello, toda vez que 3.2 millones viven con tres o más carencias sociales y sin la capacidad económica para adquirir la canasta básica, lo que las ubica en pobreza extrema, por lo cual el objetivo constitucional de igualar las oportunidades es todavía un reto pendiente.
La carencia social de mayor presencia es la seguridad social, ya que hasta 2016 un total de 8.9 millones de personas indígenas no tenían acceso a ella, seguida por la falta de servicios.
En la población indígena el rezago educativo es de 31.6%, 15.6 de esa población carece de acceso a los servicios de salud, 77.6 carece de seguridad social, 56.3 de servicios básicos y 30.5% de la población indígena no tiene acceso a la alimentación.
González Pérez aseguró que las niñas, niños y adolescentes indígenas sufren porcentajes de pobreza cercanos a 80 por ciento, ya que la planeación de programas gubernamentales orientados al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas se diseña bajo criterios demográficos.
Esa situación, anotó, provoca que los grupos minoritarios, principalmente de Aridoamérica, nunca resulten favorecidos por los mismos.
“Es necesario hacer patente que los derechos de los pueblos indígenas minoritarios y mayoritarios son los mismos, ya que éstos, así como los derechos específicos de los individuos, comunidades y pueblos indígenas no se obtienen por la magnitud demográfica, sin por ser personas integrantes o descendientes de esos pueblos”, comentó.
DPC