Al amparo de la prensa militante y del periodismo a modo –que guardan un silencio sepulcral-, nace, crece y amenaza con reproducirse otra mentira; la supuesta existencia de presos políticos en México.

Y es tal el espantajo que criminales vulgares, ladrones de cuello blanco, lavadores de dinero y hasta matarifes a sueldo se alistan para buscar lugar en la dudosa categoría de “presos políticos” y -¡claro!- para reclamar al nuevo Gobierno su liberación.

Pero antes de seguir se impone la pregunta elemental: ¿es cierto o falso que en México existen presos políticos?
Dice una definición clásica que un preso político es cualquier persona o ciudadano al que se mantiene en prisión o bajo arresto –al margen del derecho- “porque sus ideas suponen una amenaza para el sistema político establecido”.

¿De verdad en el México democrático del siglo XXI existen presos políticos o presos de conciencia?
Está claro que no. Y decir lo contrario sería lo mismo que reconocer el fracaso de los poderes sobre los que descansa el Estado Mexicano: Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

¿Entonces, si no existen presos políticos, de dónde sale la peregrina idea de que a partir del 1 de diciembre, el nuevo Gobierno emitirá un decreto “para amnistiar a los presos políticos”?

Ya no es novedad. La idea salió de una declaración del Presidente electo, quien luego de una visita al gobernador de Quintana Roo –Carlos Joaquín González-, dijo a los periodistas que el hijo de Mario Villanueva –preso por delitos federales vinculados al crimen organizado- le entregó una carta en la que expone que Villanueva es un perseguido político.

En respuesta, Obrador dijo: “Vamos a establecer un procedimiento… Le he pedido a la licenciada Olga Sánchez Cordero que me ayude en la elaboración del acuerdo, del decreto, de la ley, de conformidad con lo que corresponda y que se fijen las condiciones para esta amnistía a presos políticos a partir del análisis expedito de caso por caso”.

¿Qué significa que el futuro Presidente –quien aún no toma posesión- decida quiénes sí y quiénes no son “presos políticos”?, ¿qué implica que el Ejecutivo pretenda invadir funciones de los Poderes Judicial y Legislativo?

¿Imaginan la paliza para Fox, Calderón o Peña, si hubiesen insinuado liberar a criminales, a partir de un decreto que ignore los delitos federales y considere “presos políticos” a matarifes, narcotraficantes y secuestradores?

En efecto, una vez investido como Presidente, López Obrador puede enviar al Congreso la reforma judicial necesaria para cambiar el estatus de criminales como Mario Villanueva, Javier Duarte y los que guste o mande.

Sin embargo, mientras dichas reformas no sean presentadas, aprobadas por el Legislativo y mientras que el Poder Judicial no haga su parte, el Ejecutivo no puede dar la calidad de “preso político” a nadie.

En realidad asistimos a una monstruosidad legal propia de un dictador y al silencio cómplice de medios y periodistas domesticados. ¿Hasta cuándo?
Al tiempo.