La Procuraduría General de la República (PGR) inició una carpeta de investigación por el probable abuso sexual de 37 niños en el kínder Marcelino de Champagnat, ubicado en la colonia San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero.
Esto luego de que recibió el expediente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en el que se presentaron denuncias que acusan al asistente de Itzel Cabrera, supervisora del plantel educativo.
En un comunicado, la PGR informó que las autoridades –entre ellas la subsecretaría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Educación Pública (SEP)–, se reunieron con padres de familia de los pequeños, donde señalaron la forma en que se trabajará el tema.
“Ya se labora con un equipo multidisciplinario en el caso de cuatro de los niños que fueron víctimas y hasta el momento, la PGR ha tomado más de 20 declaraciones de los padres de familia”, destacó.
Además, comentaron que personal especializado de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) acudió al jardín de niños para realizar diversas diligencias con el objeto de agilizar el proceso de investigación.
Las autoridades explicaron el procedimiento del proceso de entrevista a los menores para rendir declaración, y se enfatizó que en todo momento se actuará con salvaguarda de los derechos humanos y la integridad de los menores.
La titular de la SDHPDSC, Sara Irene Herrerías, hizo hincapié a los familiares de los menores que están en la mejor disposición “y vamos a trabajar en coordinación con las autoridades para dar una respuesta a los niños”.
Acusan inacción
En tanto, Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), consideró que hubo una inacción de las autoridades, resaltó que la SEP está fallando gravemente en la supervisión.
“La obligada a supervisar esos lugares es la SEP, y incurrió en omisión claramente. Estos casos no ocurrieron de la noche a la mañana, tuvieron que haber existido primeras denuncias y ante el primer alertamiento se necesitó una intervención, es omisión dolosa de las autoridades”, aseveró en una entrevista con 24 HORAS.
Indicó que la continuidad de los casos en distintas instituciones educativas en el país, muestran que se ha institucionalizado la omisión dolosa por parte de las autoridades, quienes han dejado de cumplir con su deber de supervisar, proteger y garantizar la seguridad de los infantes a su cargo.
LEG