Desde hace varios años nos han dicho que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza diversas investigaciones sobre el manejo de recursos públicos en las diversas dependencias federales y estatales, con base en esas investigaciones es como conocemos el “buen manejo del presupuesto”.
En años más recientes, la ASF ha tomado un papel relevante, ya que gracias a sus investigaciones se logró conocer, por ejemplo, los diversos desvíos que ocurrieron en el Gobierno de Veracruz en la entonces administración de Javier Duarte; también sus indagatorias detectaron el esquema utilizado por 11 dependencias federales en la llamada Estafa Maestra.
Cada vez más la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder un mayor número de investigaciones elaboradas por la ASF debido a presuntos desvíos de recursos. Tan sólo en el caso de Javier Duarte, la ASF entregó más de 83 expedientes.
El problema, que no debería serlo, es que el Ministerio Público Federal no toma con seriedad las investigaciones de la ASF, pese a que no se trata de un organismo cualquiera. De acuerdo a la PGR, existen hoy día cerca de 500 carpetas de investigación iniciadas a partir de denuncias hechas por la auditoría, en las que se detallan quebrantos millonarios por parte de funcionarios públicos.
De estas 500 investigaciones, ninguna ha sido resuelta pese al avance que tienen del órgano fiscalizador, incluso se sabe que la PGR tiene denuncias que ha presentado ante la PGR hace más de 10 años, y siguen en el mejor de los casos en los escritorios o archivos de los ministerios públicos.
El martes vimos la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien afirmó que en su contra no hay absolutamente nada. Sin embargo, de las observaciones hechas a la Sedesol y a la Sedatu, no se ha dado respuesta al faltante de más de 11 mil millones de pesos que faltan.
Y el problema no es Rosario Robles o los otros 10 secretarios de Estado involucrados en presuntos desvíos. El problema es que tenemos un sistema de fiscalización que cuando encuentra irregularidades no sanciona, y sus brazos, como la PGR, son poco operantes.
Tomaré el informe de la OCDE en el que se refiere a que la ASF aún enfrenta desafíos importantes a nivel operacional. Por ejemplo, aún debe formalizar las estructuras requeridas por la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y desarrollar la capacidad interna que se requiere para el cumplimiento de su nuevo mandato. El nuevo mandato incluye la responsabilidad de informar tres veces al año al Congreso en lugar de una vez.
Además de lo anterior, el Congreso debe asegurar darles mayores dientes a las investigaciones de la ASF, para que cuando se presenten ante la PGR, el trámite sea mucho más ágil y, por tanto, se tome el avance de sus propias investigaciones…
En otros procesos
Deberemos estar atentos a la decisión que tome la SCJN respecto a la controversia constitucional que interpuso el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en contra del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y del Poder Judicial de ese estado, para impugnar la validez de las investigaciones y acciones judiciales en contra de funcionarios federales, relacionadas directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
Una controversia nunca antes vista y que deberá definir la Corte sobre su legalidad, pues en ella se habla incluso de posibles actos futuros por parte del Gobierno de Chihuahua en contra de los actuales funcionarios federales.