El susto es generalizado.
Los Gobiernos federal y estatales esperaban presiones, mas no con la intensidad transmitida en días recientes.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe cerrar el ejercicio administrativo a más tardar el 30 de noviembre.
Nada anormal dado el calendario político, pues el último día de la administración y el 1 de diciembre entrará en funciones el de Andrés Manuel López Obrador.
Regularmente los ciclos se abren y se cierran con el año calendario -del 1 de enero al 31 de diciembre-, pero México nunca se había encontrado con una transición tan singular.
Vicente Fox se fijó más en el gasto originado por su dudoso proyecto de buscar talentos -head hunters- y por los salarios de quienes ocuparían posiciones en su gabinete.
El mismo modelo siguió Felipe Calderón, pero la identidad partidista del Presidente saliente y del entrante -Acción Nacional (PAN)- no originó sobresaltos.
Ahora es distinto con López Obrador.
MENOS PARTICIPACIONES PETROLERAS
El próximo Gobierno quiere partir de cero el día cero.
Es una forma eufemística de enunciar la plena independencia presupuestaria de un sexenio cuya característica será la dádiva, la entrega de dinero público a la multitud electoral.
De jóvenes ninis a ancianos y madres solteras, cuyo futuro los hará dependientes del erario y no podrán esperar hasta el 1 de enero de 2019.
Naturalmente la información ya está en manos del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, quien asegura tener todo en orden para la entrega a Carlos Urzúa.
No es el caso de los estados.
Los Gobiernos locales se manejan con otro calendario, pero ahora han sido informados de la urgencia de entregar sus cuentas a más tardar el 30 de noviembre.
Esto conlleva dos problemas:
No disponen de diciembre para gastar los presupuestos propios y las participaciones federales y para entregar en enero sus cuentas estatales.
Pueden acelerar la elaboración de números, pero no sus ejercicios y menos el avance o la terminación de obras en curso, condición para justificar los pagos correspondientes.
Pero hay algo más grave:
No recibirán las últimas partidas de las participaciones petroleras, fundamentales en muchos casos para atender necesidades sociales e inversiones.
Por dar un caso:
En Oaxaca el gobierno de Alejandro Murat dejaría de recibir algo así como dos mil millones de pesos, casi el doble de cuanto obtiene por impuestos sobre nómina.
De ese tamaño es el boquete.
NUEVO DISEÑO POLICIACO CAPITALINO
La seguridad pública de la Ciudad de México ha entrado a un rediseño.
El primer paso fue el retiro -oficialmente renuncia y sin trascendencia interna- de Ricardo McGregor como jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
A esta salida seguirá la reestructuración con mayor influencia de los subsecretarios por acuerdo del titular, Raymundo Collins, quien el domingo cumplirá tres meses en el cargo.
A la efemérides seguirá la difusión de estadísticas, en gran medida adelantadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cuando habla de incremento en la percepción de seguridad.
Por ahí vienen los números favorables para Collins, seguro jefe policiaco para el próximo gobierno de la capital.
