Si las consultas, como dice Andrés Manuel López Obrador, “llegaron para quedarse’’, lo que debe esperarse es que las siguientes se hagan conforme a la ley.

Más allá del resultado de la consulta sobre el destino del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el ejercicio realizado por el próximo Gobierno confrontó la ciudadanía nuevamente.

Hubo quienes estuvieron de acuerdo en que se realizara sin ningún candado que garantizara los resultados y aún en contra de lo que mandata la Constitución.

La consulta fue ilegal: no fue convocada por el Legislativo, no votó “por lo menos’’ 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, no la organizó el INE ni se realizó durante una elección federal.

O sea, fue una consulta resultado de la imposición de los criterios del nuevo Gobierno que, advirtió, seguirá utilizando el mismo método para “los temas importantes del país’’.

Hasta ahora son cientos de miles de ciudadanos que se preguntan cuándo saldrá la convocatoria para la construcción del Tren Maya.
O cuándo para la reforma educativa o la contrarreforma energética, por citar algunos temas de interés nacional.

Sea cual fuere el resultado de la consulta del fin de semana, López Obrador no puede seguir imponiendo sus criterios por encima de la ley ni delegar obligaciones y responsabilidades bajo el pretexto de democratizar la toma de decisiones.

Si estos ejercicios serán la regla del sexenio, por lo menos que se apeguen a la ley, y si no les gusta, que la reformen, que para eso son mayoría en el Congreso, pero que no se siga exhibiendo el menosprecio ni a la crítica ni a la propia legislación.
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El tema de la sucesión en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX está desbordando pasiones por la intención del Congreso capitalino y de algunos políticos de viejo cuño que se disputan su control.

Cinco fueron los aspirantes a la presidencia que se registraron: Manuel Díaz Infante, ligado al PRI, sin carrera judicial (es decir, no fue juez ni proyectista, por ejemplo), actual magistrado en materia de lo familiar y miembro del Constituyente que redactó la nueva Constitución de la CDMX.
Rafael Guerra, juez y magistrado penal; encargado del caso New’s Divine, en el que murieron varios jóvenes y señalado por los padres de los muertos por haber sentenciado sólo a policías que participaron en el fallido operativo.

Celia Marín, jueza y magistrada penal, su oferta de trabajo en la equidad de género, la igualdad, es decir, la agenda de las mujeres.
Rosalba Guerrero, jueza y magistrada civil, con buena relación entre la comunidad judicial.

Y el actual presidente Álvaro Augusto López, a quien sus detractores buscan impedir su participación bajo el argumento de que no se puede reelegir.
Aquí viene la parte relevante del tema: la Constitución local, como ya lo explicaron penalistas de la talla de Ignacio Morales Lechuga, en su parte judicial, entra en vigor el 1 de junio de 2019, por lo que la Ley Orgánica del TSJCDMX vigente sí permite la participación de López.

El actual presidente no fue electo, sino designado para terminar el periodo del ex presidente Elías Azar, por lo que legalmente, de acuerdo a una interpretación de la ley, no estaría reeligiéndose, sino participando por primera vez en una elección.

El 8 de noviembre será la pasarela de los cinco ante el pleno de magistrados y unos días después la elección.

¿Habrá mano negra?