Hace unos días, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Luis María Aguilar Morales, anunció la creación de una comisión de alto nivel mediante la cual jueces y magistrados federales enviarán todas sus inquietudes y preocupaciones respecto de las propuestas legislativas que pretenden modificar la vida del Poder Judicial en México.

Los miembros de este poder se mostraron inquietos frente a las propuestas planteadas en el Congreso de la Unión, que en general están encaminadas a controlar y frenar la corrupción dentro de esta rama del Estado, pero también a salvaguardar su independencia y generar a su vez una mayor equidad de género en los nombramientos de jueces y magistrados.

El presidente de la SCJN pretende articular los puntos de vista que se harán llegar a los representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores para dar un panorama real de lo que ocurre al interior de este importante Poder Judicial.

Y es que en realidad ninguno de los legisladores cuenta con un análisis certero de lo que ocurre en el Poder Judicial; sólo tienen datos generales, por ejemplo, de la forma en que son nombrados familiares de jueces y magistrados funcionarios dentro del Poder Judicial o infieren las formas de corrupción que hay al interior.

Una de las tres iniciativas dadas a conocer la semana pasada está enfocada a combatir principalmente a la llamada familia judicial, es decir, el nepotismo dentro del Poder Judicial Federal. Y, por ende, propone que aquellas personas que participen por un cargo hagan pública su declaración de intereses, incluyendo vínculos familiares y de afinidad con integrantes del Poder Judicial Federal.

En este sentido, la propuesta legislativa señala que podrían ser sancionados aquellos servidores públicos que ayuden a realizar o gestionar nombramientos, promociones o ratificaciones cuando exista un interés personal, familiar o de negocios.

La propuesta no es mala, pero en realidad no toma en cuenta fortalecer la llamada carrera judicial, en la cual se podría atacar este fenómeno y en caso de que ingresen familiares, éstos podrían hacerlo a través de sus aptitudes y no de sus contactos.

La segunda iniciativa que se dio a conocer sobre el tema propone la llamada equidad de género, y busca que un mayor número de mujeres puedan acceder a ser juezas o magistradas. Una vez obtenida esta paridad de género, se propone que haya alternancia de géneros en la presidencia de la Suprema Corte. Como parte de la propuesta se incluye que se expidan convocatorias de la carrera judicial sólo para mujeres.

Parte de esta iniciativa tiene muchos pros para la llamada equidad de género. Sin embargo, podría entrar en conflicto con otra propuesta de iniciativa presentada por el propio grupo de Morena, que plantea un programa de rotación acorde con las necesidades del servicio judicial, de tal modo que ningún magistrado de circuito o juez de distrito permanezca menos de tres años ni más de seis en el mismo lugar de adscripción. Lo cual podría modificar y alterar el acceso de diversas mujeres a estos cargos. Pues tendrían que pensar en cambiar todo su entorno familiar cada determinado tiempo.

La iniciativa presentada por Ricardo Monreal plantea desincentivar actos de corrupción, pero no toma en cuenta el gasto que representaría para estos juzgadores un cambio constante de lugar. En general, estas iniciativas no son malas, pero carecen de un mayor conocimiento del Poder Judicial y de una verdadera integración de todo el Poder Judicial.