Los empresarios mexicanos se opusieron hoy a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y consideraron que envía «un mensaje grave de incertidumbre» a los mercados e inversionistas, porque incumple el marco jurídico.
La decisión tomada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, después de una consulta hecha a la ciudadanía, «incumple los compromisos del Estado mexicano», aseveró en una rueda de prensa el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
«El mensaje que se da a los ciudadanos, a los mercados internacionales, empresas e inversionistas es que no hay confianza en que los contratos firmados se cumplan», argumentó el empresario.
En la consulta, que se cerró ayer tras cuatro jornadas de votación, 69.5 % de los participantes optaron por continuar con el actual aeropuerto, que combinaría sus operaciones con el de Toluca y con la base aérea de Santa Lucía, y frenar las obras del NAIM.
De acuerdo con Castañón, la suspensión del NAIM afectará «gravemente» al prestigio de México en el mundo y a su «potencial de atraer la inversión nacional y extranjera» necesarias para futuros proyectos.
La cancelación del NAIM, cuyo avance ronda el 30 %, tendrá además «implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas».
López Obrador indicó hoy que se buscará «llegar a arreglos» con los contratistas, o maneras de trasladar los contratos a la obra por la que Santa Lucía pasaría de ser una base militar a civil, con la incorporación de dos pistas, entre otros elementos de infraestructura.
En este sentido, el empresario señaló que «hace falta claridad sobre cuáles serán los mecanismos para hacerlo», así como información de qué pasará con lo que ya está construido y con las personas que trabajan allí.
«La consulta no debió ser vinculante; no hubo garantías mínimas y no se circunscribió a la ley actual», defendió Castañón, quien recalcó que «no se puede construir la democracia sin respetar la ley vigente».
Por ello, argumentó que esta consulta -en la que no se garantizó la «imparcialidad, representatividad, credibilidad y transparencia»- no puede ser un vehículo para tomar una decisión de Estado, con «alta complejidad técnica».
Para la consulta se instalaron 1.073 mesas en 538 municipios del país, y se utilizó una aplicación móvil que, según reconoció el propio equipo de López Obrador, registró fallas a lo largo de las jornadas de votación.
«Los empresarios expresamos nuestro rechazo a esta decisión y el método utilizado para tomarla», acotó Castañón.
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— CCE (@cceoficialmx) 29 de octubre de 2018
