A un mes de la entrada en operación del nuevo Sistema Anticorrupción aplicado como parte del Programa Ciudadano Digital, primeramente como plan piloto en la Unidad de Servicios Estatales, resulta casi imposible realizar trámites con documentos falsificados o irregulares, como en el pasado, señaló el secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázarez.

 

En conferencia de prensa, para dar a conocer los resultados del primer mes de operación del Sistema Anticorrupción en la USE, el secretario explicó que este modelo está diseñado para ofrecer una mejor atención al contribuyente, pero también permitirá a los servidores públicos que atienden a los usuarios, incrementar sus ingresos, pues estarán sujetos a un esquema de incentivos por productividad y gestión de calidad, que inicia a partir del 1 de noviembre, mediante el cual podrán ganar hasta 5 mil 500 pesos mensuales adicionales a su salario, como medida para inhibir actos de corrupción.

 

Gálvez Cázarez informó que desde el 24 de septiembre, al corte del 29 de octubre, se realizaron 3 mil 450 trámites en la Unidad de Servicios Estatales, en las áreas de Vialidad y Transportes, Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y Recaudación, de los cuales 355 (10 por ciento) fueron detectados con alguna irregularidad al momento de validar la autenticidad de los documentos en el “back office”, donde hasta tres validadores diferentes cotejan el expediente previamente digitalizado obtenido del escaneo de los originales que proporciona el contribuyente al momento de iniciar su trámite.

 

Al respecto, explicó que los documentos que representaron mayor número de anomalías, -no necesariamente que se trate de falsificaciones-, fueron 152 seguros vehiculares, 77 facturas, 47 acreditaciones de parentesco o representación legal, 38 irregularidades en distintos documentos, 31 de identificación personal, y 10 de comprobante de domicilio. De esta cantidad, 116 se mantienen en proceso de análisis de validación para su integración completa y determinar su factibilidad.

 

El secretario de Innovación citó como ejemplo que cuando se detecta alguna irregularidad en la factura de un vehículo en el trámite de emplacamiento, y cuando el contribuyente solventó el trámite y se retiró de la USE, el vehículo se boletina y se da parte a la Fiscalía General del Estado, para que se proceda a la detención de la unidad, lo cual corresponderá a esa instancia.

 

Cuando la irregularidad no incurra alguna violación en el ámbito penal, se mantiene una alerta en la base de datos administrativa estatal, para que cuando el contribuyente acuda a realizar cualquier otro trámite en las 18 oficinas de Recaudación de Rentas que hay en el estado, le aparezca de inmediato que tiene pendiente la regularización de algún documento que no pasó la validación en su anterior trámite.

 

En cuanto a las cartas poder, que son los documentos que en el pasado eran los más falsificados por los llamados “coyotes” para realizar los trámites a nombre de un tercero, se acordó con el Colegio de Notarios de Sinaloa, que toda carta poder que se emita, sea subida a la plataforma de Notario Digital, para validar estos documentos a la hora ser presentados para la realización de un trámite.

 

Gálvez Cázarez señaló que a un mes de operación del Sistema Anticorrupción se cuenta con la información de que este modelo es exitoso, y con él se abatirá la corrupción. Por ello, adelantó que antes de que concluya el año se replicará en las unidades administrativas de Los Mochis y Mazatlán, ya que sólo se está en espera de las adecuaciones físicas, pues este nuevo modelo de atención se distingue por la eliminación de los mostradores, y los contribuyentes son atendidos en escritorios transparentes por los gestores universales desde el principio hasta el final de su trámite.

 

Cabe destacar que como parte de esta atención, se eliminó la posibilidad de que el servidor público reciba dinero en efectivo como pago de los trámites, sino que es el propio ciudadano quien se dirige a la caja de un tercero, de una institución bancaria ubicada al interior, donde realiza el pago, y ya con el comprobante regresa al escritorio para culminar el trámite.

 

El secretario de Innovación informó que como parte final, pero muy importante del proceso, el ciudadano procede a la calificación del servicio y del trabajador, de manera privada sin tener al servidor público enfrente, y en base a esa calificación, aunado a otras variables, como el número de trámites atendidos, irregularidades en sus expedientes y trato en el servicio, es como obtiene los puntos que le darán al trabajador el monto de su bono de productividad, el cual puede ser hasta de 5 mil 500 pesos mensuales, como medida para inhibir la corrupción.

DPC