El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio dio a conocer el texto íntegro de la condena a 18 años y tres meses de cárcel al presidente Nicolás Maduro y ordenó la destitución de su cargo, al existir un vacío institucional del poder ejecutivo.
La sentencia fue aprobada por unanimidad y en definitiva por la Sala Plena, conformada por 25 magistrados, quienes determinaron la culpabilidad de Nicolás Maduro por estar involucrado en el caso de corrupción con la empresa de construcción brasileña Odebrecht.
El organismo, apoyado por la oposición y considerado ilegal por Caracas, envió este martes un mensaje al país sudamericano que consideran clave para restituir el Estado de derecho en Venezuela.
Los magistrados en el exilio dieron a conocer la sentencia decretada el pasado mes de agosto y que ratificaron esta semana en la cual se declara la responsabilidad penal de Maduro, por la comisión de corrupción y legitimación de capitales, por lo que es condenado a 18 años y tres meses de prisión.
“La sentencia es la clave para restituir el Estado de derecho en el país”, reza el texto del mensaje difundido este martes.
En el mismo se ordena a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) cumplir con la sentencia de Nicolás Maduro, y pide a la comunidad internacional que asuma una intervención humanitaria en Venezuela.
El pasado mes de agosto, el tribunal concluyó en Bogotá la última audiencia del juicio por corrupción contra el presidente Maduro, y condenó en primera instancia a Maduro y se retiró para deliberar sobre la ratificación del veredicto.
En un video compartido en sus redes sociales, los magistrados expresan que la decisión fue avalada 21 de agosto por la Asamblea Nacional, órgano legislativo que desconoce el gobierno de Maduro, que respalda otra entidad paralela.
El documento detalla que la causa se inició por la querella presentada el 19 de febrero de 2018, por Luisa Ortega Díaz,”procediendo en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual formuló la solicitud de Antejuicio de Mérito contra Maduro.
Además, precisa que el 17 de abril de 2018, la Asamblea Nacional de la República autorizó continuar conociendo de la causa hasta sentencia definitiva en el proceso judicial a Nicolás Maduro en virtud de que existía mérito suficiente para su enjuiciamiento.
Los jueces afirmaron que existe una crisis humanitaria en el país e instaron a la comunidad internacional a asumir el principio de la responsabilidad de proteger mediante una intervención humanitaria en Venezuela.
El gobierno de Maduro forma parte de una organización criminal internacional, debido a los conocimientos que obtuvieron de los contratos con la empresa Odebrecht, por lo que hicieron un llamado a los países signatarios de la Convención de Palermo a detener a las personas involucradas y a retener los bienes provenientes de actividades ilícitas, indicaron.
El TSJ en el exterior es el tribunal conformado por 33 magistrados juramentados el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional durante la crisis institucional de Venezuela y las protestas de 2017 como reemplazo de los magistrados previos nombrados en 2015.
Los magistrados se encuentran residiendo en cuatro países: Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, y se reúnen cada semana a través de Internet, mientras que las diferentes Salas trabajan a diario en las solicitudes que reciben a través del correo electrónico y de su página web.
A pesar de no tener el respaldo de su propio gobierno, el TSJ en el exilio ha sido apoyado por la Organización de Estados Americanos (OEA), en cuya sede se juramentaron los jueces en octubre de 2017 con el reconocimiento de Brasil, Chile, Colombia, Perú, entre otros países.
Maduro dice que el nombramiento de los magistrados fue ilegal, aunque la Constitución de Venezuela le da al Legislativo el poder de nombrar a los miembros del poder Judicial.
TFA