Foto: Especial El representante de la CIDHPDA señaló que ante la acción del ministro Eduardo Medina, es necesario que este interponga una denuncia ante la Convención Interamericana Contra la Corrupción  

El Comisionado presidente para América Latina y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, señaló que ante la acción del ministro Eduardo Medina Mora, de admitir el recurso interpuesto por la Presidencia de la Republica contra las investigaciones realizadas por el gobierno del estado de Chihuahua por desvíos de recursos, es necesario que este interponga una denuncia ante la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

 

“En este asunto debe intervenir la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que México ha suscrito tratados para combatir la corrupción, los cuales lo obligan a adoptar los mecanismo signados ante la OEA, para atacar, incluso, evitar que, por amiguismo o compadrazgo, las instituciones del estado mexicano sean utilizadas de manera unipersonal para ocultar y proteger a los corruptos”, señaló a través de un comunicado.

 

Recordó que México ratificó este convenio en 1997, y que ante la desafortunada “tradición sexenal donde los Presidentes de la República dejan el cargo con asuntos de corrupción, que incluso transcienden la estabilidad del país y, lamentablemente permean hasta su gabinete, es pertinente acudir en este momento al Organismo interamericano para hacer cumplir la ley y el estado de derecho ya que es notoriamente improcedente la controversia constitucional solicitada por el saliente presidente Enrique Peña Nieto”.

 

Por ello solicitó de manera puntual y respetuosa al gobierno del panista Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, no desestime la posibilidad de acudir a la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la OEA, y llegar hasta las últimas consecuencias en este acto que calificó de “absoluta y descarada villanía contra el estado de derechos y ante la sociedad mexicana”.

 

El representante de la CIDHPDA subrayó que en las leyes mexicanas no existe impedimento alguno para que un funcionario federal pueda ser investigado por alguna autoridad local, toda vez que el ser servidor federal, no le concede inmunidad alguna ante la autoridad regional al empleado de la federación.

 

fahl