Burócratas arman estrategia legal contra tijera a salarios
No sólo jueces y magistrados preparan una estrategia legal para defender los salarios de los integrantes del Poder Judicial, luego de que Morena aprobara una ley que reglamenta los salarios para que ningún servidor público gane más que el Presidente, también el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) trabaja en un plan jurídico.
La contratación de un despacho jurídico a escala internacional y de una agencia para la atención a medios de información son parte de la ruta a seguir.
El secretario general del STPJF, Gilberto González, junto con Javier Cruz, en representación de la Coordinación Nacional de Secretarios, convinieron contratar a Víctor Rodríguez Rescia, abogado especialista en Derecho Internacional y presidente del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) y del Centro de Derechos Civiles y Políticos, en Ginebra.
De acuerdo con fuentes consultadas por 24 HORAS, Rodríguez Rescia ha tenido varios encuentros con jueces y magistrados mexicanos para llevar el asunto; una primera reunión ocurrió el 20 de octubre pasado en el Instituto de la Judicatura Federal; y hace unos días, en Querétaro.
Ambos manifestaron que han coincidido en que la mejor manera de combatir una ley que pueda repercutir en los salarios de los empleados del Poder Judicial es mediante la defensa jurídica, por lo que no escatimarán esfuerzos ni recursos para brindar la mejor defensa a la base trabajadora.
“El proyecto que tenemos coincide con el del doctor Víctor Rodríguez, en que las manifestaciones no son idóneas en este momento; que es mejor un buen manejo de medios y una defensa jurídica. Este despacho que va a ayudarnos con la convencionalidad, es internacional, de muy alta reputación”, señaló González Pimentel en un video, en poder de este diario.
Por su parte, Cruz acotó en dicho material: “Los que se ven menoscabados son los propios justiciables con ese tipo de decisiones, y nos halaga saber que vamos unidos con el Sindicato, que hemos recibido el apoyo necesario y en esa línea reiteramos que es importante que no llevemos a cabo acciones diversas a las que hemos manejado en este momento”.
Respaldo de ONG
El 12 de septiembre pasado, Morena aprobó por mayoría y sin aceptar reservas la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual regula la disposición constitucional de que ningún funcionario tenga una remuneración mayor a la del Presidente de la República, como ofreció el mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, desde entonces han surgido voces críticas.
TOJIL, una asociación civil integrada por un equipo de abogados especializados en materia penal, liderados por Adriana Greaves y Estefanía Medina, alertó que la aplicación de dicha ley, junto con “una reforma al artículo 94 de la Constitución Política, que implicaría la reducción de salarios no sólo de jueces y magistrados, sino también posiblemente la del personal que conforma el Poder Judicial de la Federación, es un completo retroceso a la independencia judicial y a los grandes logros que en materia de institucionalidad ha logrado nuestro país”.
Asimismo el constitucionalista Diego Valadés calificó como una regresión en el orden institucional la propuesta de modificar el artículo 94 de la Constitución, toda vez que el documento de 1917 consideró dos características para los jueces: independencia y estabilidad económica.
También alertó de una crisis burocrática con la instrucción que dio el presidente del Senado, Martí Batres, de promulgar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues contiene disposiciones impugnables (como aún citar el DF y salarios mínimos), según informó la revista Proceso.
LEG