La frontera sur mexicana es más endeble que la defensa del Guadalajara.

Acaso por “el qué dirán’’, las autoridades mexicanas han dejado que caravanas de miles de centroamericanos ingresen al país sin ningún tipo de supervisión o revisión.

Aunque lo políticamente correcto es estar a favor de la migración “por motivos políticos’’, las autoridades de México –o las que deberían ejercer como tales- han sido omisas en su tarea.

En cualquier país del mundo, cuando un ciudadano pide asilo político por razones de seguridad, es retenido en un centro especial hasta que las autoridades locales comprueban que efectivamente su integridad física y la de su familia están en riesgo.

Aquí se ha dejado pasar y se ha dejado hacer sólo por ese trauma nacional que arrastramos por causa de la migración hacia los Estados Unidos.
(Hay que hacer una notable diferencia: los mexicanos que emigran a Estados Unidos no lo hacen con la familia. Generalmente son los hombres quienes abandonan a la familia y al territorio nacional, y una vez establecidos, mandan dinero o mandan por la familia. Por eso hay en Zacatecas y en otros estados, pueblos llenos de mujeres, niños y ancianos).

El Gobierno en funciones ha abierto la frontera sur para que pase el que quiera, en detrimento de la seguridad y la propia soberanía.
Y el que está por entrar, para coincidir con su teoría del pueblo bueno, ha dejado que las caravanas lleguen a la capital del país a “exigir’’ transporte para arribar a la frontera norte.

Lo malo de toda esta película –varias veces vista- es que ya sabemos cómo acaba: es imposible que los centroamericanos logren ingresar a Estados Unidos y, por lo tanto, esos miles que hoy piden camiones se quedarán a vivir en el país.
Eso pasó con miles de haitianos que pululan en Tijuana y municipios vecinos; algunos ya con trabajo y hasta con familia mexicana y otros reclutados por la delincuencia organizada.

Ya veremos.
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Una de las propuestas más audaces del futuro Gobierno es apostarle a la buena fe de la sociedad mexicana para el pago de sus impuestos.
La llamada Ley de Responsabilidad Ciudadana, mediante la cual usted y yo estaríamos dispuestos a pagar nuestros impuestos bajo protesta de decir verdad y sin que hubiera inspectores –en el caso de los comercios y empresas y auditores en el caso de particulares- es un volado.

Si le sale bien, podríamos verlos en el primer trimestre del próximo año cuando se informe del monto de lo recaudado vía el pago de impuestos.
Y si sale mal, lo veremos antes porque el efecto se sentirá inmediatamente en las finanzas públicas y, desde luego, en toda la economía nacional.
Pero de que suena interesante, ni hablar.
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Dice Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, que su grupo parlamentario se apresta a aprobar las iniciativas de reforma al marco legal del país con el fin de que López Obrador no tenga ningún problema para aplicar su programa de Gobierno.

Y no es cualquier cosa lo que está por discutirse; desde la Ley de Responsabilidad Ciudadana hasta la elección del fiscal general y los dos ministros de la Corte que sustituirán a la pareja que pasa a retiro.

Entre otros temas centrales.

Así que si Morena va en serio, habrá sesiones hasta de madrugada.